Las industrias que produzcan residuos tóxicos responderán de sus consecuencias
Las empresas que produzcan los residuos tóxicos y aquéllas que los gestionen serán responsables no sólo del tratamiento de estos residuos sino también de las consecuencias que puedan derivarse de ellos y que produzcan perjuicios en la población, según consta en el anteproyecto de ley básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Fuentes de la Administración señalan que el texto será estudiado por el Consejo de Ministros de hoy.El proyecto establece un régimen jurídico básico que regula la producción y gestión en las diversas fases de recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento, recuperación y eliminación de, al menos, 30 clases diferentes de sustancias o materias tóxicas o peligrosas. Esta lista podrá ser modificada por el Gobierno en la medida en que vayan apareciendo nuevas sustancias contaminantes. Las empresas productoras y gestoras contarán con una estrecha vigilancia del Gobierno de la nación y de los Gobiernos autonómicos.
La Administración o las Administraciones Públicas, según las competencias respectivas, podrán imponer cuando se cometan infracciones, multas que oscilan entre 100.000 pesetas y 100 millones de pesetas; también podrán decretar las suspensión temporal de actividades o instalaciones, clausurar definitiva, total o parcialmente las actividades o instalaciones; y apercibir y prohibír temporal o definitivamente el futuro ejercicio de actividades de gestión de residuos tóxicos y peligrosos. Tanto las infracciones -que serán clasificadas de muy graves, graves o leves- como el nombre de los infractores y las sanciones que se les apliquen podrán ser publicadas en los medios de comunicación social. La Administración podrá modificar las cuantías de las sanciones atendiendo a las circunstancias económicas.
Indemnizaciones
Las industrias que contaminen y las empresas que gestionen los residuos tóxicos no sólo deberán hacer frente a las posibles sanciones administrativas sino que además estarán obligadas "a reponer las cosas al ser y estado anteriores a la infracción cometida, y, si esto no fuera posible, estarán obligadas a abonar la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados".En el supuesto de que la infracción pudiera ser constitutiva, de delito o falta, la Administración trasladará el expediente al ministerio fiscal. Esta vía penal no paralizará el expediente, en orden a restablecer la situación anterior o al abono de daños y perjuicios por parte del infractor. Los productores de residuos tóxicos tienen de plazo dos años para adaptarse a lo establecido en esta ley.
La exposición de motivos del anteproyecto, que consta de 21 artículos, distribuidos en tres capítulos, más dos disposiciones transitorias y tres adicionales, fundamenta esta ley en la necesidad de llenar un vacío legislativo que existe en relación con los residuos industriales y de adaptar la normativa de residuos a las leyes que rigen en la Comunidad Económica Europea.
