El Gobierno argentino apela la decisión de un juez favorable a 12 supuestos golpistas

El Gobierno argentino apeló el pasado sábado la decisión del juez de instrucción Luis Enrique Velasco de declarar inconstitucional la segunda orden de detención dictada por el ministro del Interior, Antonio Troccoli, contra 12 supuestos conspiradores contra la democracia, seis civiles y seis militares. El juez ordenó también la inmediata liberación de los seis detenidos bajo su jurisdicción, admitiendo los hábeas corpus presentados en su favor.

De los 12 individuos que el Gobierno ha intentado detener por dos veces la pasada semana mediante dos decretos acumulativos, cinco se encuentran prófugos, seis acaban de ser liberados por el juez Velasco y sólo uno, el coronel retirado Arias Dubal, permanece preso.El juez argumenta en los siguientes términos: la reforma de la ley de hábeas corpus, propiciada por el radicalismo, exige la presentación de indicios solventes de culpabilidad para las detenciones, aun bajo estado de sitio, como ocurre ahora.

Hasta altas horas de la noche del sábado se reunieron en el Ministerio del Interior su titular, Antonio Troccoli; el ministro de Educación y Justicia, Alconada Aramburu; el jefe del Servicio de Informaciones del Estado (SIDE), Héctor Rossi, y el primer senador radical por la capital federal, Fernando de la Rúa, prestigioso jurista y autor de la reforma de la ley de hábeas corpus.

El Gobierno estima en su recurso que lo que debe quedar probado es la necesidad objetiva de proceder al estado de sitio, necesario, precisamente, para detener a sospechosos sin pruebas acusatorias firmes. Si el Gobierno -se aduce- hubiera tenido abrumadores informes incriminatorios contra los 12 sospechosos de golpismo no hubiera ordenado su detención: se habría limitado a denunciarles ante un juez de guardia.

Una discusión bizantina

Es una discusión bizantina y estéril, en la que un sector de la judicatura argentina comprometido con la dictadura militar está intentando -con bastante éxito- dejar en ridículo al Gobierno, convirtiendo la amenaza real que pesa sobre esta frágil democracia en un vodevil con personajes detenidos, liberados, vueltos a detener y nuevamente puestos en libertad, entradas y salidas de los juzgados y reproches mutuos entre un juez y el Gobierno de la nación que puede aparecer así como torpe, incapaz y hasta inerme.Por supuesto, es un secreto a voces que el Gobierno argentino tiene pruebas suficientes para ordenar la detención de hasta 200 personas en la cúpula de la conspiración cívico-militar. Pero, obviamente, no puede presentarse en los juzgados con los informes de la SIDE, los recados de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) y del Mosad (servicio secreto israelí), los favores informativos de Gobiernos como el brasileño y el uruguayo y, menos aún, con los kilómetros de cintas magnetofónicas de las conversaciones telefónicas de la trama golpista, grabadas por la inteligencia del Estado, ilegalmente, como se puede suponer.

Finalmente, el ministro de Defensa, Roque Carranza, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Ríos Ereñú, han tenido que salir al paso de la última iniciativa involucionista prohibiendo tajantemente las reuniones informales en las salas de banderas y exigiendo la unidad y disciplina de las Fuerzas Armadas. Los cuarteles argentinos han sido invadidos por panfletos en los que se detalla una fantasiosa operación Magnesia por la que el Gobierno de Alfonsín se apresta supuestamente a depurar pasando a retiro a centenares de jefes y oficiales, empezando por el propio Ríos Ereñú.