El Gobierno se reservará la facultad de planificación en la futura ley del transporte

El Ministerio de Transportes tiene prácticamente ultimado el anteproyecto de ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que podría remitir para su aprobación por el Gobierno este mismo mes. La ley, que, según asegura el Ministerio de Transportes, cuenta con el apoyo de todo el sector, podría quedar aprobada por el Parlamento en los meses de marzo o abril de 1986, lo que coincidirá probablemente con el inicio de la campaña electoral. Una de las consecuencias inmediatas de la aplicación de esta ley será la de regular y evitar el exceso de oferta, cifrado actualmente en torno al 20%, que se identifica claramente con lo que se conoce como transporte pirata.

Este proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Transportes, que incluye en su ámbito de aplicación el transporte urbano, deja reservada a la Administración la facultad de programar o planificar el sector. Se trata, según fuentes oficiales del ministerio, de fijar un marco de actuación para el futuro, aunque la nueva regulación no entre en la definición de la política a llevar a cabo.Los objetivos del Ministerio de Transportes son dotar al sector de una ley moderna, que tenga en cuenta los efectos de la entrada en la CEE y que actúe beneficiosamente sobre el sector. Consecuencia del ingreso en el Mercado Común y la aplicación de la normativa comunitaria será la desaparición del canon de coincidencia. Además, la política de vigilancia y control, mediante la tarjeta de transporte y las hojas de ruta, persigue terminar con las actividades piratas, consecuencia de un exceso de capacidad del 20%, lo que tira de las tarifas hacia abajo y convierte en poco competitiva la actividad legal y organizada.

El nuevo proyecto de transportes, que sustituirá a la ley actualmente vigente -que data de 1947-, defiende el mantenimiento de un sistema común de transportes que es compatible con el desarrollo de las competencias transferidas a las comunidades autónomas. Asimismo, el desarrollo futuro de esta normativa base tendrá en cuenta el diseño de una política global del transporte (incluido el marítimo y el aéreo), para lo cual se está realizando un estudio que permita establecer una estrategia de actuación a medio y largo plazo. El transporte español factura al año prácticamente un billón de pesetas, de los que más de un 60% corresponde a los transportes por carretera (558.251 millones en 1983) y ferrocarril.

Dentro de la normativa general, el nuevo proyecto establece una serie de novedades significativas respecto a la legalidad actual. En el régimen económico-financiero se establecerán normas generales sobre régimen tarifario concordes con las normas de control de precios. Asimismo, está previsto regular la compensación a las empresas de las obligaciones de servicio público que se vean forzadas a asumir, conforme al derecho derivado de la CEE sobre la obligatoriedad de cobertura de los riesgos mediante la suscripción de los correspondientes seguros.

Controlar el sector

El proyecto de la nueva ley recoge una regulación completa de todo lo que supone inspección en el transporte terrestre. Para ello, establecerá una estrecha relación entre la Inspección de Transporte y las fuerzas de vigilancia, con la creación de un cuerpo de vigilancia especializado para esta tarea. La obligatoriedad de la utilización de las hojas de ruta -elemento básico, según el Ministerio de Transportes, para la lucha contra la piratería en el sector- más la generalización de otros sistemas técnicos ya vigentes, como el tacógrafo, redondearán las funciones de inspección en el sector.La nueva ley contempla la creación del consejo nacional de transporte terrestre como órgano de encuentro de la Administración, empresarios, trabajadores y usuarios, y las juntas arbitrales del transporte. Estas juntas actuarán como órganos de arbitraje en los conflictos de pequeña cuantía -controversias de hasta 500.000 pesetas- que surjan entre los transportistas y los cargadores y usuarios; esta actividad permitirá eludir la actuación de los tribunales ordinarios.

En el momento en que la nueva ley entre en vigor, el acceso a la profesión se regulará en base a unos requisitos -hasta ahora sólo era necesario ser ciudadano español- de honorabilidad, capacitación profesional y capacidad económica en línea con la normativa vigente en la Comunidad Económica Europea. Este alineamiento con las normas comunitarias evitará, además, la posible arbitrariedad de la Administración en este tema. También se exigirá para hacer transporte público una autorización previa común, que actuará como elemento de racionalización dentro del sector al permitir a las empresas que lleven a cabo servicios regulares realizar otros de carácter discrecional.

Dicha autorización posibilitará que las empresas puedan dimensionar su parque de vehículos. Por otra parte, Transportes espera que, con la nueva orientación dada a los créditos del Banco de Crédito Industrial para el sector -créditos al vendedor y supresión de avales- los empresarios puedan rejuvenecer el parque de camiones sin que sufra incremento alguno. No se podrá acceder a ningún crédito para comprar un vehículo nuevo si no se retira el vehículo viejo.

El transporte regular de viajeros quedará sujeto a concesión, aunque se podrán aplicar otros sistemas, como el concierto o la gestión interesada, con un plazo de duración que oscilará entre los 10 y 30 años, permitiéndose la colaboración de otros transportistas en caso de exceso de demanda. Se admitirá la gestión pública directa por razones de interés público y se prohibirá la coincidencia, aunque se contempla la posibilidad de admitir concesiones zonales. Las líneas rurales o de débil tráfico tendrán un régimen especial.

Los transportes discrecionales, que seguirán sometidos a autorización administrativa, experimentarán igualmente una flexibilización, mientras que se liberaliza totalmente el transporte público de mercancías.