Reagan reinterpreta el proceso de control de armamentos y provoca una tormenta política
La Casa Blanca ha difundido en las últimas semanas una nueva interpretación del Tratado sobre Limitación de Sistemas Balísticos Antimisiles (ABM), según la cual ese texto firmado en 1972, fundamento y base de todo el proceso de control de armamentos que se concretó en los acuerdos SALT, no impide ni limita en modo alguno el desarrollo ' la prueba e incluso la fabricación de las nuevas armas que EE UU necesita, para la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI), o guerra de las galaxias. La noticia, quizá por su carácter técnico, pasó relativamente desapercibida en la Prensa internacional, pero sus repercusiones políticas fueron sonadas e inmediatas.
Fue el consejero de Seguridad Nacional, Robert McFarlane, quien soltó la bomba, hace exactamente dos semanas, cuando dijo, en una entrevista televisada durante la tarde del domingo 6 de octubre, que el tratado de 1972 "aprueba y autoriza" el desarrollo y la prueba de sistemas ABM basados en el espacio "que incluyan nuevos conceptos físicos", como los rayos láser y otras energías dirigidas.Tres días más tarde, el miércoles 9 de octubre, altos funcionarios de la Casa Blanca que no quisieron ser identificados confirmaron en un encuentro con periodistas que las declaraciones televisadas de McFarlane no constituían una opinión aislada, sino que reflejaban lo que ya era una posición fija de la política de la Administración. Parece ser, que la reacción del secretario de Estado, George Shultz, fue esta vez violenta, porque el mismo viernes 10 de octubre se celebró en la sede de la Presidencia una reunión que, según la cadena de televisión CBS, respondió a "una sutil amenaza de dimisión" del propio Shultz.
A la cita de la Casa Blanca únicamente asistieron el presidente, Ronald Reagan, el secretario de Defensa, Caspar Weinberger, y el director de la Oficina para el Control de Armamentos, Kenneth Adelman, además de los ya citados Shultz y McFarlane. Edel curso de esa entrevista, que los medios de comunicación describieron como "emocionalmente tensa", el secretario de Estado pudo convencer al presidente de que el Tratado ABM debe seguir siendo respetado de una manera estricta, con lo que pareció cerrarse, al menos provisionalmente, una crisis de Gabinete de la que la propia Prensa estadounidense sólo ha podido informar con un retraso de una semana.
El incidente ha dejado planteado, sin embargo, un interrogante sobre la posibilidad de que la Administración Reagan deje en suspenso los acuerdos vigentes en materia de control de armamentos precisamente en vísperas de la próxima cumbre Reagan-Gorbachov, ya que un eventual deterioro del Tratado ABM deterioraría también los acuerdos SALT que en él se basan. Ahora bien, según el embajador Gerard Smith, jefe de la delegación que negoció los tratados ABM y SALT bajo la Administración Nixon, la nueva interpretación que ofreció McFarlane hace dos semanas y luego confirmó la Casa Blanca convierten al Tratado ABM en "letra niuerta".
No puede decirse que las declaraciones de McFarlane fueran una completa sorpresa, ya que era evidente que al menos un sector importante de la Administración estadounidense se movía desde hace tiempo en esa misma línea. Durante el pasado mes de septiembre, tanto Weinberger como Adelman y altos funcionarios de la Casa Blanca reiteraron que la SDI podrá pasar por las fases de investigación, desarrollo y prueba, hasta el punto mismo del eventual despliegue del sistema de defensa, sin violar el actual Tratado ABM. Sin embargo, nadie explicaba cómo se resolvería la contradicción entre este enunciado y el artículo quinto del tratado, cuyo primer apartado establece que "cada parte se compromete a no desarrollar, probar o desplegar sistemas ABM o componentes del mismo basados en el mar, en el aire, en el espacio, o móviles basados en tierra".
Las pruebas antisatélites, que no están reguladas, ofrecen una posibilidad de experimentar en las .condiciones prohibidas por el tratado tecnologías susceptibles de ser también empleadas en la defensa contra misiles. Pero las posibilidades descubiertas por McFarlane son mucho más amplias. El consejero de Seguridad Nacional entiende que las nuevas armas de la guerra de las galaxias, como el láser o los rayos de partículas, simplemente no están sujetas al tratado de 1972, de manera que la SDI puede ser desarrollada y experimentada sin trabas.
McFarlane basa esta opinión en una nueva lectura del artículo dos. del texto firmado hace 13 años, que establece: "Para los efectos de este tratado, un sistema ABM es un sistema para contrarrestar misiles balísticos estratégicos o sus elementos en trayectoria de vuelo, que actualmente consta de a) misiles interceptores ( ...) b) lanzadores ABM ( ... ) c) radares ABNI ( ... )". Según el consejero de Seguridad Nacional, ni el láser ni ninguna de las nuevas armas que se consideran ahora para la defensa espacial aparecen en esta enumeración, ni están, por tanto, retringidas por el tratado.
La Casa Blanca ha completado este argumento, al revelar la existencia de una llamada Declaración Acordada D, firmada por Richard Nixon y Leonid Breznev junto con el tratado, que sigue siendo secreta, pero en la que más o menos se decía que si nuevos sistemas ABM "basados en otros principios físicos", llegaran a ser desarrollados en el futuro, "las limitaciones específicas para dichos sistemas y sus componentes se someterán a discusión y acuerdo mutuo".
El embajador Smith, que no conocía el texto de este documento, ha afirmado que "es simplemente imposible que una declaración acordada sobresea una disposición del tratado". Otro diplomático estadounidense, Raymond Garthoff, que formó parte de la delegación de su país que negoció el tratado ABM, ha escrito que, en agosto de 1971, EE UU y la URSS llegaron a un acuerdo "para prohibir" los sistemas de defensa antimisiles basados en "sistemas de tecnologías futuras exóticas", y que en ese acuerdo quedó recogido el conjunto de una serie de artículos concretos del tratado. La apreciación de Garthoff resulta coherente con la posición que siempre ha sostenido el asesor presidencial Paul Nitze, en el sentido de que a medida que la SDI avance, se hará necesario revisar y renegociar el Tratado ABM por los procedimientos previstos en el mismo texto del acuerdo.
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