Alarma ante la inclusión de 'pesos pesados' conservadores en el futuro poder judicial

La alarma cundió ayer en medios judiciales progresistas y del propio Gobierno socialista ante las noticias que circularon sobre un giro en la negociación de las candidaturas de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que elegirá el Parlamento en las próximas semanas. De cara a una reforma democrática de la justicia, fuentes jurídicas manifestaron ayer su inquietud ante la presencia, entre los candidatos, de varios pesos pesados conservadores, no suficientemente compensados por los progresistas.

En el Ministerio de Justicia se temía ayer la marginación de las listas de candidatos propiciadas por el propio titular del departamento, Fernando Ledesma. Igualmente, se mostró inquietud ante el hecho de que la presentación por el Grupo Popular de un recurso de inconstitucionalidad que marca el acento en cuestiones tan alejadas de las inquietudes populares como la jubilación de los jueces y la elección parlamentaria de los miembros del CGPJ, haya tenido poca incidencia en la negociación protagonizada por el socialista Eduardo Martín Toval y el conservador -autor del recurso ante el alto tribunal- José María Ruiz Gallardón.Por otra parte, fuentes judiciales progresistas destacaron que el Grupo Popular está actuando, ante la impasibilidad socialista, como "brazo político" de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), como lo prueban las cuestiones corporativas que han centrado el recurso de inconstitucionalidad. En tales fuentes se expresó la preocupación por la incorporación, entré los candidatos negociados, del presidente de la Audiencia Territorial de Valencia, Carlos Climent, así como la probable inclusión de magistrados fuertemente conservadores, como los magistrados de Trabajo Francisco Carrión, y Roberto García Calvo, gobernador civil de Almería durante el franquismo.

Intervención del Gobierno

Mientras tanto, y a salvo siempre de la esperada intervención de la Moncloa antes de que se cierre definitivamente la negociación, ayer se veían en peligro las candidaturas progresistas negociadas en las últimas semanas. La asociación progresista Jueces para la Democracia venía albergando esperanzas de obtener al menos cinco de las 12 vocalías del CGPJ de procedencia judicial, mientras que se adjudicaban cuatro a la APM y tres al grupo judicial Francisco de Vitoria del Tribunal Supremo. Sin embargo, en este momento, ninguno de los cinco candidatos considerados aceptables por el secretariado de la asociación -los magistrados Cándido Conde-Pumpido Tourón, Manuela Carmena, Juan Manuel Orbe y Clemente Auger y el juez Miguel Carmona- parecen contar hoy con posibilidades.En lo que se refiere al grupo de ocho abogados y otros juristas, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol, expresó ayer su deseo de que no se rebaje la cuota de cuatro actualmente existente, al margen de la identidad de los candidatos. Ledesma tenía previsto incorporar por esta vía a juristas progresistas que actualmente ocupan cargos de responsabilidad en su departamento o a magistrados igualmente progresistas que, como Cesáreo Rodríguez Aguilera, presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona, o Julián Serrano Puértolas, magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid, no se incluirán en la lista de magistrados por razones de jubilación.

En todo caso, en lo que se refiere al Congreso, su presidente Gregorio Peces-Barba ha reservado a la Mesa de la Cámara la labor de velar por "la corrección y admisibilidad" de las candidaturas que los grupos deberán presentar 24 horas antes de la elección.