El Gobierno modifica la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

El Gobierno ha modificado el proyecto de ley orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en lo relativo a las competencias de la Guardia Civil. En concreto, el punto que ha sido modificado hace referencia al fraude fiscal. En el primer proyecto de ley, elaborado por el Ministerio del Interior, la Guardia Civil poseía competencias para "evitar y perseguir el fraude fiscal". El portavoz del Ministerio del Interior indicó que esta competencia es una errata del texto del proyecto de ley que fue subsanada en la copia que se envió al Congreso de los Diputados. De esta manera aparece ya en el Boletin Oficial de las Cortes.

En opinión de expertos policiales, el texto tal y como estaba suponía que la Inspección de Hacienda dejaba de tener en exclusiva la competencia sobre fraude fiscal y que "además de un inspector tendríamos detrás de nuestra declaración de la renta a un guardia civil".El proyecto de ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se encuentra en estos momentos en debate parlamentario y su previsible aprobación se efectuará por trámite de urgencia.

En el artículo décimo -incluido en el apartado segundo sobre las funciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado- del proyecto de ley enviado por el Gobierno a las Cortes, se indicaba como competencias de la Guardia Civil "por razón de la materia", "el resguardo fiscal del Estado y las encaminadas a evitar y perseguir el fraude fiscal y el contrabando, en el territorio nacional y su mar territorial". La polémica se desató con la inclusión en el texto normativo de la palabra fiscal, tras la de fraude.

Manuel Ballbé Mallol, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona y experto en temas policiales, indicó a este periódico que este punto de la ley era "inadmisible". "Significaba sustraer la exclusividad de esta competencia a Hacienda y supone que además del inspector de Hacienda tendremos detrás de nuestra declaración de la renta a un guardia civil, incluso como policía administrativo-preventivo", añadió.

"Suponía una militarización de la actividad tributaria y fiscal del ciudadano, por lo que es un motivo de honda preocupación", precisó Manuel Ballbé.

La Coordinadora de sindicatos policiales, compuesta por siete organizaciones sindicales, también mostró su oposición a que la Guardia Civil asumiese competencias en el tema del fraude fiscal.

En las enmiendas que la Coordinadora ha entregado a la totalidad de los partidos parlamentarios para su defensa en el Congreso de los Diputados se indica que se entiende que "por razones de continuidad en la historia y de relación inmediata de la Guardia Civil con los órganos correspondientes del Ministerio de Hacienda en cuanto a su función de resguardo fiscal, tenía explicación hasta hoy el que entre sus funciones propias figurase la persecución del fraude fiscal, por tratarse de infracciones administrativas incluidas en leyes especiales".

Código Penal

"Pero al haberse constituido estos hechos en delitos comunes previstos en el Código Penal y siendo la persecución del delito y su investigación función primordial de todos los Cuerpos de Policía, parece necesario evitar el atribuir esta función como propia a un sólo Cuerpo", dice la enmienda solicitada por los sindicatos.A su vez los sindicatos policiales dan un segundo argumento contra la competencia de la Guardia Civil en el fraude fiscal señalando que tales delitos "han de tener mayor incidencia en las grandes ciudades que en la zona rural", zona ésta tradicionalmente reservada a la Guardia Civil. Los sindicatos policiales solicitan, en suma, la supresión del término fraude fiscal del apartado segundo del artículo décimo del proyecto de ley.

Errata

El portavoz del Ministerio del Interior indicó ayer a este periódico que el que asumiese la Guardia Civil esta competencia sobre fraude fiscal en el proyecto de ley era un error, una "errata, libre de toda intencionalidad".El Portavoz del departamento del Interior se remitió a las declaraciones de Carmen Briones, secretaría general técnica del ministerio, efectuadas en el programa de TV La Clave del pasado viernes, donde fue interpelada sobre este asunto por Manuel Ballbé, también presente en el mencionado programa. Briones sentenció el temá, tras indicar que se trataba de una errata corregida.

El Boletín Oficial de las Cortes ha recogido, en su edición del pasado 18 de septiembre, el proyecto de ley con la modificación citada respecto al primer texto gubernamental. Y en cuanto al apartado segundo del artículo décimo, éste aparece escrito con la errata corregida.

Los textos del Boletín son el marco de estudio que poseen los diferentes grupos parlamentarios para el estudio y enmienda de los textos remitidos por el Gobierno.

El portavoz del Ministerio del Interior señaló que la "errata ha sido subsanada, eliminando la palabra fiscal del párrafo segundo del artículo décimo del proyecto de ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

El polémico texto legislativo quedó por tanto escrito de la siguiente manera: [serán competencias ejercidas por la Guardia Civil] "las encaminadas a evitar y perseguir el fraude y el contrabando, en el territorio nacional y su mar territorial".

Un texto polémico

El proyecto de ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, elaborado por el Gobierno, se ha visto desde un principio fuertemente atacado por los sindicatos policiales que consideran a este texto normativo como perjudicial para los policías y para la sociedad en general.La Coordinadora sindical criticó en un primer momento el desconocimiento del proyecto de ley antes de ser aprobado por el Consejo de Ministro para su pase a las Cortes y posterior deliberación en las Cámaras legislativas.

Una vez conocido el texto, los sindicatos criticaron que en el proyecto no se recogiese el derecho de huelga para los policías y que definiese al Cuerpo policial resultante de la unificación como instituto armado de carácter civil. Asimismo, los sindicatos censuraron el "aluvión de sanciones contra representantes sindicales con que Interior predeció a la aprobación por Consejo de Ministros del polémico proyecto de ley". Finalmente, el proyecto de ley no incluye el derecho de huelga y denomina al Cuerpo Nacional de Policía como instituto armado de carácter civil. A su vez, el texto no recoge la posibilidad de una amnistía a los representantes sindicales expedientados por la Dirección General de la Policía.