Más de 400.000 menores trabajan ilegalmente en España, ante la desidia de la Administración

No existen estadísticas fiables. Pero los expertos aseguran que el número de niños que trabajan en nuestro país roza el medio millón. En esta cifra se incluye a los menores contrados por empresarios que pretenden una redución de costes con mano de obra barata, y a aquellos otros que "echan una mano" en el negocio familiar. Unos y otros carecen de cualquier derecho laboral reconocido. La Administración se muestra incapaz de controlar la explotación del menor y los organismos internacionales sólo ofrecen planes alternativos, en los que no siempre se contempla que el niño no forme parte de la población trabajadora. Son trabajos marginales, mal pagados y que cuentan en muchos casos con la complicidad de los padres.

La imagen del niño del siglo XIX, en plena revolución industrial, reptando bajo las máquinas textiles ya no resulta tan cotidiana, pero, todavía, miles de niños realizan tareas propias de adultos. Nadie quiere dar una cifra concreta, aunque en un seminario sobre marginación infantil en Europa que se celebró el pasado abril en Zaragoza, los ponentes coincidieron en que en España hay más de 400.000 niños que trabajan.Los expertos aseguran que se trata de un cálculo muy aproximado, aunque Jaime Garicano, subdirector general de Inspección de Empleo, rebaja considerablemente este número: "La cifra de 400.000 niños me parece excesiva, y, aunque no puedo ofrecer una estimación para contrarrestarla, sí que puedo afirmar, por la labor diaria que realizamos, que es una exageración. Nuestros inspectores (468 repartidos por toda España) tienen una media mensual de 70 actas de infracción, y desde luego, en ellas no se detecta un número tan elevado de menores que estén siendo explotados".

Pero el propio Garicano reconoce que no existe por parte del Gobierno ningún plan concreto contra el trabajo del menor. Y añade que "el aumento de los recursos (el ministerio tiene previsto aumento el número de inspectores en 360) no puede considerarse como un plan específico para acabar con este problema".

Escasos resultados

Aunque hubiese un plan de acción concieto, los resultados serían muy limitados. El subdirector general de Empleo pone el ejemplo de las empleadas del hogar, donde el 45% del millón de empleadas que puede haber en España aseguran haber comenzado a trabajar antes de los 16 años. "Pero", dice Garicano, "la Inspección de Empleo sólo pu¿de actuar mediante denuncia, y sin ella no podemos entrar en las casas, ya que tenemos que tener en cuenta el derecho a la intimidad. Y los casos denunciados son rnínimos". En muchas ocasiones suele haber, además, una clara complicidad entre los padres del menor explotado y la persona para la que trabajan que dificulta la inspección.El campo y la hostelería son los dos sectores donde trabaja un mayor número de niños. Y el verano es la época en la que se registra el índice más alto de explotación infantil, debido a que es la temporada de mayor afluencia del turismo y de las recolecciones agrícolas. También favorece el hecho de que la explotación del menor sea más típica en negocios familiares, pues en los meses de verano los niños están de vacaciones. Otros trabajos habituales del menor son de carácter marginal como el de limpiacoches o vendedor ambulante. Casos más dramáticos -y que, además, van en aumento- son los de la prostitución infantil y la mendicidad.

La legislación española no tiene una respuesta clara a este problema, a pesar de que forma parte de los pocos países miembros de la OIT que firmaron un acuerdo donde se establecía una edad mínima para trabajar. En España, un joven puede ser contratado a partir de los 16 años, aunque tienen prohibido en teoría realizar horas extraordinarias o nocturnas. La escasa legislación que hay sobre el tema está tan anticuada que en 1978 una comisión del Senado la calificó de "anacrónica y paternalista".

El Estatuto de los Trabajadores tampoco sirve como instrumento para solucionar la explotación de menores. Según Jaime Garicano, no es una ley que pueda aplicarse al trabajo del menor, ya que no contempla las irregularidades en las relaciones familiares, que son el ámbito donde suelen trabajar los niños.

El Ministerio de Trabajo se limita a sancionar las irregularidades que, encuentra en este aspecto. Casi siempre se trata, además, de empresas muy pequeñas (como máximo de cinco empleados) que suman a ésta otro tipo de irregularidades. La eficacia de la Administración es muy dudosa y se basa, casi exclusivamente en una sanción económica que el empresario tratará de no pagar. Durante 1984 Trabajo levantó 488 actas por haber detectado la existencia de niños menores de 16 años. El montante de lo cobrado ascendió a 22 millones de pesetas, lo que da una media de 45.000 pesetas de sanción por menor trabajando. Jaime Garicano confía en que este año se resuelvan más casos de este tipo.

Tanto las organizaciones internacionales como las autoridades locales tratan de eludir la responsabilidad de los Gobiernos a la hora de buscar culpables de esta explotación, y prefieren achacarlo a una falta grave de dignidad social y de responsabilidad de los padres. Según la OIT, la explotación infantil no es un problema aislado de cada país, sino un claro indicador de la necesidad de una reforma económica mundial, pues no hay que olvidar que la mayoría de los niños que trabajan lo hacen por no tener más remedio.

Para la Unicef, la crisis económica no es la única responsable, sino que en muchos casos interviene la deformación de los padres, que se obsesionan por aumentar sus ingresos.