Un proceso judicial tortuoso
Jorge Luis Ochoa Vázquez., de 36 años y natural de Cali (Colombia), fue detenido por la policía española en Madrid el pasado 15 de noviembre, a requerimiento de la Drug Enforcement Agency (DEA), a través de la Interpol. Tras aplicársele la legislación antiterrorista y acusarle de pertenencia a bandas armadas, el sumario incoado contra él es sobreseído por el Juzgado Central número uno de Madrid.
Ochoa abandonó previamente Colombia con destino a España en junio de 1984, tras el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia colombiano. Uno de los autores del asesinato implicó en el crimen a Ochoa, aunque la justicia colombiana desestimó su procesamiento por falta de pruebas.
El 17 de octubre de 1984 se recibió en España una petición de extradición contra él desde Estados Unidos. El Gobierno norteamericano le acusó de introducción en su país de estupefacientes.
Ochoa fue trasladado desde la prisión de Carabanchel a la de alta seguridad de Alcalá-Meco (Madrid) el 20 de noviembre. Posteriormente fue enviado al penal de El Puerto de Santa María 1, y de nuevo, enviado a Alcalá-Meco, para volver a El Puerto el viernes pasado. En Alcalá fue sometido a un régimen de incomunicación, a tenor del artículo 10 de la ley Penitenciaria.
El 4 de marzo de 1985, el Gobierno de Colombia solicitó a España la extradición de Jorge Ochoa, acusado en su país de falsedad de documentos públicos.
El Juzgado Central de Instrucción número 1 de Medellín (Colombia) le acusó de haber falsificado un documento filosanitario sobre 53 reses de lidia introducidas en Colombia desde España. Posteriormente, y tras recibirse en Colombia otra petición de extradición norteamericana, el Juzgado de Medellín amplió la petición de extradición a la acusación de narcotraficante.
El Gobierno español, en Consejo de Ministros celebrado el 15 de marzo de 1985, da luz verde a las autoridades judiciales españoles para el estudio de las peticiones de extradición. Ochoa, ante la Audiencia Nacional mostró su voluntad de ser extradido a Colombia, argumentando que en EE UU se le va a celebrar un juicio político que permita implicar a Nicaragua en el tráfico de cocaína.
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