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El conflicto de la financiación autonómica

Los alcaldes de las grandes ciudades solicitan un aumento de 28.000 millones del Fondo de Cooperación

Los alcaldes de las grandes ciudades, reunidos ayer en Barcelona, dejaron claro que reivindican un compromiso político, a medio plazo, que permita revisar el sistema de financiación del sector público en España; aunque no abandonen su posición de combatir el crecimiento cero del Fondo de Cooperación, o al menos conseguir las compensaciones, un aumento de 28.000 millones, que les evite recurrir a una subida excesiva de la presión fiscal o a un recorte desmesurado de los gastos.

Los alcaldes y tenientes de alcaldes de Hacienda, unos 20 en total, reunidos en el palacete Albéniz de Barcelona eran conscientes de que los ayuntamientos han perdido la batalla por mantener en 1986 el ritmo de crecimiento del Fondo de Cooperación registrado en los últimos años y que les permitió alcanzar en 1985 los 280.000 millones de pesetas.Perdida la batalla, su objetivo es ganar la guerra doctrinal, cuyo resultado debe ser la modificación del sistema de financiación del sector público. Unos pactos de la Moncloa -asi los denominó el portavoz del grupo, el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall- sobre financiación en los que el sector local reivindicará un aumento en el gasto del 15% actual al 25%. Hasta llegar a este pacto político a tres bandas (Administración central, autonómica y local), los asistentes expresaron su decisión de reforzar la argumentación teórica, mediante dictámenes de prestigiosos juristas y destacados especialistas.

Los alcaldes de las ciudades de más de 100.000 habitantes no desisten, sin embargo, de intentar convencer al ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, de que el crecimiento cero de la participación de los ayuntamientos en los presupuestos no es justa. En el comunicado de la reunión se manifiesta su disposición de "asumir las cargas que una política de contención del déficit público puede comportar" y la conclusión principal de la sesión es la de subrayar que "la congelación de las transferencias del Estado a los municipios es una medida cuyos efectos se oponen en gran parte a los objetivos a corto y medio plazo de la política del Gobierno".

Según Maragall, Solchaga no tiene en cuenta al aplicar la congelación que "los ayuntamientos, a diferencias de los ministerios, tienen su propia carga financiera y su déficit y que los departamentos no ven disminuido su gasto real porque parte de éste está incluido en las transferencias a las comunidades autónomas".

En la reunión se elaboró un documento que será enviado al ministro en el que se razonan algunas de las consecuencias de la "falta de equidad" en el trato a los municipios, como las dificultades que hallarán los acreedores de los ayuntamientos y que influirán en el aumento del tipo de interés.

El documento intenta demostrar que los 6.000 millones de aumento del Fondo, ofrecido en su última reunión, no son suficientes para combatir los efectos de la congelación, siendo necesarios al menos, según el cálculo de los ayuntamientos, un incremento de 28.000 millones de pesetas.

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