Transportes retira la ley de comunicaciones preparada por el anterior Gabinete

El ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, Abel Caballero, anunció ayer la sustitución del anteproyecto de ley de Ordenación de las Comunicaciones (LOC) por tres leyes que regularán separadamente la ordenación de las telecomunicaciones, la Caja Postal y las televisiones privadas. Este último proyecto será remitido al Parlamento antes de que termine el presente año. La LOC había sido elaborada bajo la dirección del anterior ministro de Transportes del Gobierno socialista, Enrique Barón, y había sido examinada por la Comisión de Subsecretarios, trámite previo para su aprobación por el Consejo de Ministros.

Abel Caballero adujo ayer en una conferencia de prensa que "el anterior proyecto era muy amplio y heterogéneo. La experiencia del año de tramitación nos ha obligado a modificarlo". Según algunas fuentes, el borrador de la ley de Ordenación de las Comunicaciones, presentada como de una de la spiezas más importantes del anterior Gabinete de Felipe González, no contaba con apoyos suficientes en el Gobierno y en la sociedad.Los tres proyectos de ley en que quedará dividida la LOC serán remitidos por el Gobierno al Parlamento dentro de la presente legislatura. La normativa reguladora de las televisiones privadas estará aprobada antes de las próximas elecciones legislativas, conforme al compromiso adquirido públicamente por el presidente del Gobierno, según manifestó ayer el ministro de Transportes.

Fuentes ministeriales precisaron que el proyecto de ley entrará probablemente en el Congreso de los Diputados a principios del próximo mes de diciembre, ya que se encuentra muy avanzado el borrador, así como los estudios técnicos sobre la utilización de la red de transmisión de señales.

Hasta el momento no ha trascendido, sin embargo, la decisión definitiva sobre el número de canales que serán concedidos a empresas privadas y su ámbito geográfico.

En cuanto a la ley de Ordenación de las Telecomunicaciones -que Abel Caballero enviará a las Cortes a principios de 1986- modificará las relaciones entre la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) y el Estado, en las que la CTNE verá restringida su autonomía.

Con la nueva normativa, los recursos administrativos de la CTNE quedarán sometidos a la ley de Procedimientos Administrativos, será derogada la base 26 del acuerdo entre la CTNE y el Estado -consistente en que el contrato reglamentario entre ambas partes no podía reformarse- y será devuelta al Estado la potestad reglamentaria que tenía hasta ahora Telefónica en todo lo que concernía al diseño en telecomunicaciones.

Según el borrador de esta ley, Transportes será el responsable de la elaboración de un catálogo de servicios públicos en el que se fijarán las condiciones que deben cumplir las empresas que explotan servicios monopolizados, la determinaci6n de los principios de utilización de las telecomunicaciones vía satélite o por cable, así como la fijación de las tarifas o el régimen sancionador.

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