Representantes de ocho regiones negociarán esta semana la financiación autonómica para 1986

El ministro de Administración Territorial, Félix Pons, y los altos cargos de su departamento se entrevistarán en Madrid, a lo largo de toda esta semana, con los representantes de los Gobiernos regionales de Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-León, Andalucía, Aragón, Valencia y Galicia para fijar la participación exacta de dichas comunidades autónomas en los ingresos del Estado previstos para 1986.Tras las entrevistas mantenidas la semana pasada con consejeros, de los Gobiernos regionales de Extremadura, La Rioja, Castilla-La Mancha, Murcia y Asturias, los máximos responsables del Ministerio de Administración Territorial se enfrentan al último tramo de negociación.

Félix Pons y su equipo tendrán, asimismo, que persuadir a los gobernantes de varias regiones, pertenecientes al PSOE, que discrepan de la fórmula propuesta por el ministro de Economía, Carlos Solchaga, para congelar la participación de las comunidades autonómas en los Presupuestos Generales del Estado para 1986.

La comisión mixta para la valoración de las transferencias de La Rioja aprobó el pasado viernes el porcentaje del 0,02% como participación en los presupuestos del Estado, lo que supone una asignación de 1.100 millones de pesetas para el año próximo, según informa Antonio Moral.

Respecto a la polémica sobre la financiación de las competencias transferidas a las comunidades autónomas, el presidente del Gobierno riojano, el socialista José María de Miguel, ha diferenciado entre el problema técnico de comunidades como Valencia y Andalucía, "en las que no se recoge la financiación de gastos corrientes generados por inversiones nuevas", y el de otras comunidades opuestas a los recortes y a las que de Miguel ha acusado de despilfarrar en los gastos corrientes.

Por otra parte, la Comisión de Grandes Ciudades de la Federación Española de Municipios y Provincias se reunirá mañana en Barcelona para estudiar, entre otros temas, la postura que adoptarán los ayuntamientos por la congelación en los Presupuestos para 1986 de las aportaciones del Estado a los municipios y diputaciones provinciales.