La 'batalla de las Autonomías'

El presidente del Gobierno, Felipe González, ha encontrado numerosas heridas abiertas a su regreso del largo viaje por extremo Oriente; pero casi todas estas heridas desembocan en la cuestión autonómica: conflicto de la financiación; proyecto de ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y recursos contra la ley orgánica del Poder Judicial. La semana que mañana comienza será clave para saber si algunas de estas heridas se cerrarán o si, por el contrario, continuarán haciendo peligrar el conjunto del modelo autonómico. Sin embargo, pese a los ataques y a las tensiones vividas en las dos últimas semanas, Félix Pons, ministro de Administración Territorial y protagonista de las negociaciones en marcha, opina que "no se puede afirmar que en este momento existan abiertos contenciosos graves e importantes del Estado con las comunidades autónomas".Todo comenzó cuando, el pasado día 6, viernes, el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, alegando razones de austeridad y la necesidad de contener el déficit, comunicó a los representantes de la casi totalidad de las comunidades autónomas, reunidos con él en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que deberían renegociarse a la baja los porcentajes de participación de las comunidades autónomas en los Presupuestos para 1986. Para muchos era la confirmación de la sospecha de que la reforma definitiva de la financiación autonómica, prevista de forma imperativa por la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para 1986, no tendrá cabida en los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo. El sistema de financiación definitivo no comenzará, a imperar, por tanto, hasta 1987, cuando ya el impuesto sobre el valor añadido (IVA) haya comenzado a operar sobre el sistema tributario autonómico.

La irritación fue mayúscula: seis representantes de otras tantas comunidades votaron en contra de la propuesta de Solchaga, mientras que otras cuatro se abstenían -Cantabria y La Rioja no estuvieron presentes en la reunión-. El recorte suponía para muchas comunidades autónomas no poder hacer frente a los gastos de las transferencias durante el año próximo, especialmente en materia de educación. Los representantes de Cataluña, que habían llegado a un principio de acuerdo con Miguel Boyer para resolver sus apremiantes problemas de tesorería, llevaron la voz cantante en la protesta, y el tema no dejó de constituir uno de los puntos centrales en los ataques dirigidos contra el Gobierno central durante la Diada.

"Boyer había alcanzado un acuerdo de hecho, al menos con Cataluña, pero sabemos que era extrapolable, que era ir a la revisión del sistema de financiación en su conjunto. Esto venía a representar un alivio para todas las comunidades autónomas. Cuando ya lo teníamos todo, viene Solchaga, queriendo quitarse la imagen de blando y dar la impresión de que es más duro que nadie, y se pasa y comete una enorme tontería", comentó a EL PAIS, días después, Miquel Roca, portavoz de la Minoría Catalana en el Congreso de los Diputados.

"Tomadura de pelo"

"Esto es la gota que colma el vaso. Los socialistas quieren ignorar que existe el Estado de las autonomías, quieren seguir haciendo la misma política centralista, porque tienen la sensación de que, algunas autonomías, que incluso administran ellos, pueden ser un cierto caos. Pero claro, allí donde hay más conciencia autonómica, la actitud del Gobierno puede traducirse en una idea de que te están tomando el pelo", acusa Roca. "Los socialistas tienen que hacer una profunda reconsideración de su política autonómica. Porque, de hecho, están ignorando la existencia del Estado de las autonomías". De momento, los catalanes acudirán, lo mismo que, probablemente, los gallegos, al Tribunal Constitucional: "Queremos saber si es posible que el artículo 13 de la LOFCA no se cumpla, que una disposición transitoria de la LOFCA no se cumpla, que el artículo 45 del Estatuto no se cumpla", afirma Roca.

Los representantes de la Generalitat formarán parte de las delegaciones que a partir de mañana acudirán al Ministerio de Administración Territorial para negociar, con los máximos dirigentes del Departamento, la participación que les corresponderá en los Presupuestos Generales del Estado para 1986, que se elaboran a toda prisa con la esperanza de entregar el correspondiente proyecto de ley en las Cortes antes del día 1 de octubre, cumpliendo así el mandato constitucional. Los pasillos del ministerio que dirige Félix Pons ya conocieron la semana pasada una inusitada agitación, cuando los representantes de las comunidades autónomas de La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia acudieron a negociar sus respectivos porcentajes de participación en los Presupuestos, aceptando todos ellos, el cupo propuesto por el Gobierno central.

Pero la situación no será la misma esta semana, porque las que acuden ahora a negociar son precisamente aquellas comunidades autónomas que votaron contra la propuesta Solchaga o se abstuvieron en la reunión del pasado día 6: Andalucía, Galicia, Valencia, Canarias, Baleares, Madrid', Castilla y León y, naturalmente, Cataluña. Euskadi y Navarra, que también se abstuvieron, se rigen por el sistema de conciertos, y, por tanto, no acudirán a estas negociaciones bilaterales. El Gobierno central confía en que, pese a sus protestas, las comunidades gobernadas por socialistas acaben por aceptar su porcentaje de participación en los Presupuestos Generales del Estado. Evitarán así pasar a la sección 32 de los mismos, que implica que es el propio Gobierno central el que valora el coste de las transferencias, una por una, con el riesgo que ello supone de recorte efectivo en las cantidades a recibir. Por el contrario, no parece tan claro que las comunidades en poder de la oposición conservadora -Galicia, Baleares, Cantabria- y, menos aún, los nacionalistas catalanes, dejen pasar la oportunidad que esta semana les brinda para renovar sus ataques contra el Gobierno socialista. No aceptar la inclusión en los Presupuestos, pasando a la sección 32, puede resultar gravoso económicamente, pero muy rentable desde el

punto de vista político, especialmente si se tiene en cuenta que la precampaña electoral gallega se encuentra ya en todo su apogeo.

'Táctica Goebbels'

Félix Pons, titular de Administración Territorial -"muy buen amigo, al que todos queremos, pero que, de momento, ha conseguido imitar", en definición de Roca-, se enfrenta a esta auténtica avalancha con lo que un colaborador calificó de "paciencia y buena voluntad": "Hay que separar las acusaciones genéricas de centralismo del tema de la financiación", afirma Pons.

El ministro justifica el aplazamiento de la entrada en vigor del sistema definitivo basándolo en varias razones, al tiempo que se fíala que los incumplimientos legales no se han sacado a colación hasta el momento en que no ha habido acuerdo. "Si hubiera habido acuerdo en las cifras que se ofrecían, nadie hubiera hecho acusaciones. Porque el sistema diseñado inicialmente en la LOFCA y en los estatutos ha sufrido bas tantes remiendos en los últimos años, pero por conveniencia de las partes. Todo el mundo estaba de acuerdo. A medida que se iban detectando fallos, se iban buscando soluciones pragmáticas para poder avanzar. A la hora de fijar el sistema definitivo, que es algo de futuro, que no era algo que había que aplicar ya, se ha revelado que las posibles soluciones a los fallos detectados no eran coincidentes por parte de todas las comunidades autónomas; que había comunidades autónomas con distintos ritmos; que éste será un año en el que se producirán importantes modificaciones en el sistema tributario, con la introducción del IVA. Un año de objetivos macroeconómicos realmente rigurosos para la contención del déficit y del gasto público. Todo junto complicaba aún más el acuerdo para encontrar el sistema definitivo".

Cuando se le pregunta si en el fondo de algunos planteamientos autonómicos que acusan al Gobierno de centralista laten planteamientos electorales, Pons se limita a recordar que ya Goebbels decía que repitiendo mucho una mentira ésta podía llegar a convertirse en verdad. "Pero mi impresión personal es que esto va a remitir. Por encima de las tentaciones que pue dan existir de utilizar la tensión institucional como arma electoral está la necesidad de mantener abiertos y operativos estos cauces".