Justicia gana un conflicto de competencias a un juez que dio permiso a dos presos 'ultras'

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio de Justicia ha ganado, en la Audiencia Provincial de Zamora, un conflicto jurisdiccional con el juez José Donato Andrés Sanz, al frente del juzgado de vigilancia de Valladolid, que tiene competencia también en la provincia de Zamora.De acuerdo con la decisión de la Audiencia Provincial, el juez no podrá intervenir en el establecimiento de destinos, cambios de celda o pabellones de los ultraderechistas Emilio Hellín Moro y Carlos García Juliá, encarcelados en Zamora.

Esta competencia corresponde exclusivamente a la Dirección, General de Instituciones Penitenciarias. Durante las pasadas Navidad es, José Donato Andrés Sanz dio permiso para salir de la cárcel a García Juliá, condenado a 149 años por la matanza de Atocha, y a otro ultraderechista, Ignacio Abad, condenado a 28 años por el asesinato de Yolanda González. Pocas horas después de que los presos salieran de la cárcel, la Audiencia Nacional suspendió este permiso y posteriormente, tras una vista pública, declaró la incompetencia funcional del juez en este asunto y anuló todas las actuaciones judiciales a partir del momento en que los dos ultras solicitaron el permiso navideño.

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias mantenía y mantiene recluidos. en un pabellón aparte de la prisión de Zamora a varios ultraderechistas, entre los que se encuentran Emilio Hellín, condenado a 43 años de cárcel como autor material de la muerte de la estudiante Yolanda González en 1980, y Carlos García Juliá.

Como consecuencia de esta situación, el juez de vigilancia dictó en el transcurso de este año, y a petición de los dos interesados, dos autos en los que instaba a la Administración de justicia para que los dos presos fueran situados con el resto de la población reclusa. El juez se apoyaba en lo que consideraba derecho a intervenir en el destino o traslado de los reclusos.

La dirección general solicitó, a través del gobernador civil de Zamora, la declaración de conflicto de competencias y la inhibición del juez de vigilancia. Posteriormente interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, órgano que ahora ha fallado a favor de la Administración.