La Central Obrera Boliviana amplió por otros tres días el paro general

La Central Obrera Boliviana (COB) acordó prolongar por otros tres días laborables, hasta el martes, la huelga general convocada inicialmente por 48 horas -miércoles y jueves- para forzar al Gobierno a anular un conjunto de medidas económicas de austeridad anunciadas el 29 de agosto. La huelga general -que ha tenido éxito en las industrias más importantes del país, pero que no ha logrado alterar el funcionamiento del comercio, la banca y las empresas públicas- se ha desarrollado sin grandes incidentes. El Gobierno amenazó con despedir a quienes falten a su trabajo más de tres días seguidos.

Una multitud calculada entre 10.000 y 25.000 personas se congregó el jueves en las calles de La Paz para respaldar la huelga, mientras los líderes sindicales advertían que el paro podría tornarse indefinido si no se aceptan sus demandas. La COB decidirá el lunes si, además de mantener la huelga, ordena bloquear las carreteras y organizar una marcha de mineros sobre la capital.El Gobierno criticó la ampliación de la huelga, y el ministro del Interior, Fernando Barthelemy, anunció que "actuaremos drásticamente si se producen acciones de violencia". Hasta ayer, la policía se había limitado a mantenerse alerta y resguardar los edificios públicos durante la marcha del jueves.

Barthelemy dijo también que se había detectado un poderoso artefacto explosivo en la estación ferroviaria de La Paz, y denunció que "los desestabilizadores de la democracia pretenden aprovechar las acciones sindicalistas para realizar actos de violencia".

El ministro del Trabajo, Walter Costas, advirtió a los huelguistas que el gobierno puede aplicar la ley y despedir a quienes falten más de tres días seguidos a sus puestos laborales y encarcelar por seis meses a los dirigentes que han convocado la paralización del trabajo.

Las medidas económicas adoptadas por el presidente Víctor Paz Estenssoro, contra las cuales fue convocada la huelga, incluyen la congelación de salarios por cuatro meses, la liberación de los precios y la redacción de las pagas mensuales a 12 en el año, en lugar de las 16 y hasta 18 de que disfrutaban algunos sectores de trabajadores.

El Gobierno decidió que el Ejército se una a la policía en la vigilancia de las instalaciones de los yacimientos petrolíferos fiscales, una de las empresas que se decidió descentralizar, con la oposición de los trabajadores.

La huelga ha tenido especialmente éxito en la minería nacionalizada, grandes empresas, maestros de escuelas primarias y controladores de tráfico aéreo, pero la vida en las grandes ciudades continuó con relativa normalidad. Más del 80% de los empleados públicos acudió a su trabajo, según afirmó el ministro de Informaciones, Reynaldo Peters.