El Fondo Nacional de Cooperación Municipal, ¿un pozo sin fondo?

Los miles de responsables municipales de toda España se han visto sorprendidos por el inevitable sobresalto del verano. Este año no por esperado menos sorpresivo. Según se desprende de todas las informaciones, el nuevo ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, piensa llevar las conocidas teorías del equipo Boyer a sus últimas consecuencias: el Fondo Nacional de Cooperación Municipal no sólo crecerá poco como en años anteriores sino que no crecerá como una de las tablas de salvación para contener un déficit billonario. Ante esta amenaza -que no otro nombre merece-, los alcaldes y concejales de toda España podían permanecer silenciosos. Un año más, como una auténtica serpiente de verano, vamos a reiterar argumentos y puntos de vista para intentar convencer a quien sea del grave error político que se está cometiendo. Vamos a intentarlo con un año más a cuestas -un año más viejos- y con considerables dosis adicionales de escepticismo. Lo confieso de entrada. La vieja contundente combatividad va dejando paso a un escéptico cansancio y temo que esto no es un buen presagio.Todos los indicios apuntan a dos argumentos claves para la reducción a cero del crecimiento del Fondo para 1986: un error conceptual y una presunción de mala gestión.

1. Un error conceptual

Error del programa electoral del PSOE, que en sus apartados de política municipal apuntaba a un crecimiento del Fondo hasta el 12% de los Presupuestos Generales del Estado. Planteado en estos términos, es indiscutible que, más que un error, esta propuesta era una ingenuidad primeriza. El crecimiento de los Presupuestos Generales del Estado y el correspondiente crecimiento del déficit podrían conducirnos, de mantenerse el porcentaje propuesto, a una aportación de los Presupuestos Generales del Estado a los municipios no sólo suficiente sino incluso sobrada y excesiva. Hasta aquí, de acuerdo; la magia de los números radica en su relatividad. Pero a los municipios lo que de verdad les importa es la cantidad final a percibir y la garantía de que esta cantidad será suficiente para cumplir unos objetivos y fines fijados con bastante claridad tanto por la Constitución como por la ley de Bases de Régimen Local. El fondo de la cuestión no es, pues, un tema de porcentajes.

Se trata de fijar, y este es un debate que se elude sistemáticamente, cuál es la aportación de los municipios a la satisfacción de las necesidades ciudadanas y en que medida esta aportación debe sufragarse con una aportación de los Presupuestos Generales del Estado, que se nutren de la parte más sustancial del "sacrificio fiscal" a que se ven sometidos los ciudadanos españoles. Midamos con precisión el papel de los municipios, fijemos con generosidad una cantidad en cifras absolutas e incrementémosla anualmente en la misma proporción en que crezcan los Presupuestos Generales del Estado. Ni el argumento de la construcción de un Estado fuerte y moderno sirve para justificar un recorte a los municipios. La argumentación adolece de un defecto serio: no es posible la modernidad pretendida si no se atribuye a los municipios un papel importante.

Volvamos por un momento al "error conceptual" del programa del PSOE. Una cosa es no alcanzar el techo programado del 12% y otra muy distinta iniciar una caída en picado que nos puede llevar en años próximos con gran facilidad al 5%. Rebajar el porcentaje si crece la cuantía absoluta de la participación puede ser legítimo. Rebajarlo sin incremento alguno es poco menos que atenazar y amordazar a los municipios. Error por error, este último sería de mayor calibre.

2. Una presunta mala gestión

En alguna ocasión ha traslucido la especie que los municipios gestionaban mal, depuraban poco su economía y que en el fondo iban sobrados de recursos. A esta especie difundida con cierta timidez desde círculos oficiales se añadió más tarde una referencia mucho más explícita al efecto de bloqueo del crecimiento económico producido por una excesiva rigidez de la política municipal en materia urbanística. Este último aspecto ha teñido, a mi modo de ver, pocas reacciones a pesar de contener una carga de profundidad dirigida a la esencia misma de la política municipal progresista. La cuestión es esta: ¿sacrificamos a favor de un crecimiento coyuntural el rigor de nuestros planteamientos que son garantía de futuro? En otras palabras: ¿exprimirnos ya la gallina de los huevos de oro o la preparamos para que sus rendimientos crezcan sin parar? Desde una óptica socialista y municipal, no hay duda sobre la elección. La "larga duración" se impone a los correctivos coyunturales. Por razones económicas, pero también por razones políticas. Porque, ¿quién no reconoció en las recriminaciones a la tramitación urbanística de los municipios los mejores argumentos de su propia oposición municipal? Es posible aducir casos de mala gestión, pero en ningún caso tienen valor de generalidad. Ocurre lo mismo con la presunta abundancia de recursos. Es posible encontrar casos de municipios poco endeudados o sobrados de recursos. Pero una cosa es que un municipio goce de una hacienda saneada y otra muy distinta que la ciudad de este municipio goce en su conjunto de buena salud. Así de claro: el déficit de los municipios no se mide por sus recursos, sino por los déficit acumulados de la ciudad que se gobierna. Si la memoria no me falla, uno de los paradigmas de la abundancia de recursos era una ciudad del Levante español que, ironías de la vida, se ha quedado sin ningún centro hospitalario en funcionamiento.

La generalización válida sería muy otra. A pesar de multitud de casos conflictivos, los municipios españoles han generado ocupación, han dinamizado la inversión pública, han frenado los desmanes especulativos, han contenido los déficit de infraestructura y se disponen a luchar diariamente por una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Desde nuestra óptica resulta claro que los dos principales argumentos esgrimidos para avalar el recorte no resisten el análisis más elemental, y que nada justifica la contundencia de la medida propuesta por los responsables de Economía y Hacienda.

Desde el ámbito municipal queda un problema pendiente y que hay que reconocer: el déficit público.

Desde la llegada de la democracia a los municipios se han sucedido diversos intentos de sanear las haciendas locales. Presupuestos generales de liquidación de deudas en dos ocasiones y la aplicación de la ley de Saneamiento de las Haciendas Locales. Aunque en todos los casos sela tratado de operaciones parciales, es indiscutible que ya no tienen ningún fundamento las pretensiones de algunos sectores de emprender una nueva operación de saneamiento. Hoy por hoy, la mayoría de los municipios españoles gozan de una hacienda precaria, pero equilibrada, y sólo en casos muy puntuales se mantiene déficit de envergadura. La solución no es ya ninguna operación de saneamiento, sino la adopción de medidas estables que permitan a los municipios bajo su responsabilidad cerrar con equilibrio sus ejercicios presupuestarios y frenar sus déficit. Volvemos también aquí a la gran cuestión de fondo: fijemos el papel que ejercen los municipios en la prestación de servicios, valorémoslo adecuadamente y creemos un. marco de financiación estable que reconozca esta aportación y resuelva los problemas crónicos. El Fondo, por una parte, y la ley de Financiación, por otra, son los caminos adecuados. En uno y otro caso conviene generosidad y amplitud de miras para conseguir con una aportación sustanciosa del Fondo evitar la duplicidad y la asfixia fiscal de los ciudadanos. La autonomía fiscal de los municipios no debe servir para satisfacer las necesidades elementales iguales para todos, sino que debe servir para graduar las opciones cualitativas y prioridades sectoriales que desde su autonomía fije cada municipio y que es en definitiva lo que le diferencia del municipio vecino.

Otro error conceptual

Pero si en su día se cometió el error conceptual de fijar en un 12% el horizonte del crecimiento del Fondo para el cuatrienio 1982-1986, ahora se incurre en otro error fundamental cuando se pretende utilizar el frenazo municipal como un instrumento de contención del déficit.

Esta ardua tarea que todos comprendemos y apoyamos es harina de otro costal. No se pueden colocar en un mismo saco las causas más evidentes del déficit y la aportación a los municipios. En definitiva, el Estado tiene en sus presupuestos la libertad y el margen para presentar un déficit -razonable o no- que no nos está permitido a los Ayuntamientos. Una vez más se trata de clarificar conceptos y de asumir el papel de los municipios como una parte del Estado con un coste calculable y una participación también medible en el déficit general. Hoy por hoy, la cuantía del Fondo Nacional de Cooperación Municipal es irrisoria frente al déficit de los Presupuestos Generales del Estado.

Seríamos imprudentemente insensatos si reivindicáramos un crecimiento galopante de nuestra participación en los Presupuestos Generales del Estado. Reconocemos el error conceptual de intentar fijar porcentajes. Rechazamos la presunción de mala gestión y la pretensión de ser considerados como una de las fuentes del déficit público o uno de los caminos para contenerlo. No queremos que el Fondo Nacional de Cooperación Municipal se convierta en un pozo sin fondo.

Pero no aceptamos que se pretenda que sacrifiquemos servicios a causa de un déficit del que sólo somos responsables en una ínfima parte. Somos solidarios con el déficit, pero no queremos ser engullidos por él. El coste político de este error conceptual sería incalculable.

Porque para terminar, y aunque alguien pueda catalogarlo -ya estamos acostumbrados- como una memez demagógica: ¿qué haríamos ahora todos los alcaldes de España con el mismo déficit, con los mismos recortes propuestos, pero con un Gobierno distinto?

No creo que haga falta esperar, como El hermano lobo, al año que viene para hallar respuesta.

La respuesta está en las manos de un Gobierno que tiene el más alto contenido municipalista de todos los tiempos. Ellos saben -nuestro Gobierno sabe- que no puede conseguirse la modernización del Estado a costa de los municipios, sino con su directa y constante colaboración.

es presidente de la Federación de Municipios de Cataluña y alcalde de Gerona.