El Ayuntamiento acusa a un empleado de la recaudación de Ciudad Lineal de falsificar 111.500 recibos

El Ayuntamiento de Madrid envió ayer al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid un escrito pidiendo el procesamiento de Carlos Miguel Pérez Vielva y el de Francisco Lucena López como presuntos autores de falsedad en documentos públicos. Pérez Vielva es empleado de la oficina de recaudación municipal ejecutiva de la zona de Ciudad Lineal, cuyo titular, Fermín Merino, se encuentra procesado e ingresado en la cárcel de Carabanchel por la presunta malversación de 361 millones de pesetas. Lucena es el titular de la imprenta Systeco, SA, que, según el escrito, falsificó por cuenta del anterior 111.500 recibos correspondientes a distintos impuestos y tasas municipales.

La presunta falsificación de recibos otorga una nueva dimensión al desfalco descubierto en la oficina de recaudación ejecutiva municipal de Ciudad Lineal, en mayo pasado. A los 361 millones de pesetas que la Hacienda municipal calculó que se habían defraudado, podrían añadirse cantidades cobradas a los contribuyentes, a cambio de un recibo falso, y que nunca llegaron a contabilizarse en los libros oficiales.El Ayuntamiento ha pedido al juzgado que se investigue si era éste el destino de los recibos falsos o si se empleaban para presentarlos en las inspecciones municipales con cantidades menores a las realmente percibidas de los contribuyentes.

En el escrito, redactado por el letrado municipal Antonio Pedreira Andrade, se afirma que "Carlos Miguel Pérez Vielva era una de las personas que llevaban toda la cuestión del dinero y dirección con [el cajero titular] José Monge durante las frecuentes ausencias de Fermín Merino", y se enumeran los encargos de recibos falsos que realizó a la imprenta Systeco, SA, "atribuyéndose un cargo público que no tenía y solicitando impresos oficiales cuya impresión sólo podría ordenar el Ayuntamiento de Madrid". Dicho encargo lo hizo "con desconocimiento del Ayuntamiento, del recaudador Fermín Merino y de la Imprenta Zubiri, SA", única legalmente autorizada para realizar este tipo de trabajos.

Pérez Vielva, según él escrito, encargó a Systeco, SA, 24.000 ejemplares de recibos relativos a tasas de alcantarillado, 15.000 del arbitrio de radicación, de la tasa de recogida de basuras y del arbitrio de solares edificados y sin edificar, 500 de la tasa de aprovechamiento de la vía pública y entrada de carruajes y 42.000 del impuesto de circulación. Los recibos fueron emitidos con el pie falsificado de la Imprenta Zubiri.

La denuncia contra Francisco Lucena, titular de la imprenta que realizó la impresión fraudulenta, se basa en que tanto a él como a Pérez Vielva "les constaba que se producía una falsedad de documento público, puesto que se trataba de recibos fiscales que tenían valor oficial y que constituían documentos públicos administrativos".

Investigación desde mayo,

Pérez Vielva explicó a Lucena, siempre según las acusaciones presentadas por el Ayuntamiento ante el juzgado, que era recaudador municipal oficial y que necesitaba urgentemente la impresión de varios tipos de recibos, "dado que se le habían terminado y necesitaba con premura otros nuevos". De confirmarse este extremo, el empleado de la oficina de recaudación municipal podría ser acusado de otro delito, al haberse atribuido un cargo público que no ostentaba.

El pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Madrid ya había solicitado el procesamiento de Pérez Vielva como autor o encubridor del delito de malversación de caudales públicos, pero esta petición fue rechazada por el juzgado. El empleado de la oficina de recaudación de Ciudad Lineal reconoció ante el juzgado que había entregado fondos públicos ingresados en la oficina para liquidar gastos particulares del recaudador, por ejemplo, 400.000 pesetas para una piscina. Por su parte, Merino había declarado que Pérez Vielva quedaba al frente de la oficina de recaudación cuando se ausentaba el cajero titular, José Monge.

En mayo el Ayuntamiento solicitó el procesamiento del recaudador municipal ejecutivo Fermín Merino por malversación de fondos públicos por valor de 79 millones de pesetas. El 30 de junio, el recaudador ingresaba en la prisión de Carabanchel. Un arqueo posterior revelaba que el fraude ascendía a 361 millones de pesetas y el Ayuntamiento solicitaba el procesamiento del hijo del recaudador, Francisco Merino Conde; del cajero, José Monge, y de su ayudante, Carlos Miguel Pérez Vielval, como presuntos culpables de encubrimiento, procesamiento que sólo se hizo efectivo en los casos de Merino y en Conde. En la actualidad, Francisco Merino se encuentra huido, en paradero desconocido.