Hacienda estudia sustituir las desgravaciones y deducciones fiscales por subvenciones directas para mejorar la gestión
El incesante crecimiento de los gastos fiscales (exenciones, bonificaciones y deducciones) y el difícil control sobre los mismos ha despertado ciertas alarmas en la Administración que ha emprendido la catalogación, evaluación y depuración de toda clase de beneficios tributarios. Los gastos fiscales han experimentado un rápido crecimiento en los últimos años, al pasar de 691.000 millones en 1983, y 810.000 millones en 1984, hasta casi un billón de pesetas en 1985.Los técnicos de Hacienda que están trabajando en esta materia consideran que la generalidad y ambigüedad de muchas leyes permite efectuar importantes desgravaciones, cumplimentando aparentemente los requisitos formales, pero sin que se realicen los objetivos que la Administración quiere impulsar.
En algunos tributos, el crecimiento de los gastos fiscales ha sido incesante hasta representar cerca del 50% de la recaudación presupuestada. Así, en 1984 los gastos fiscales del Impuesto sobre Sociedades, cuya reglamentación permite multitud de exenciones, ascendieron a 158.600 millones de pesetas, lo que representó el 49,5% de la recaudación prevista, cifrada en 320.000 millones de pesetas. Otros tributos con importante carga de los gastos fiscales son el Impuesto General sobre el Tráfico de Empresa (ITE), en el que los gastos alcanzaron el 43,7% de la recaudación, y los impuestos sobre el tráfico exterior, en los que significaron el 46,7%.
Distinto tratamiento
Las mismas fuentes consideran que no es lógico dar el mismo trato fiscal a las inversiones en maquinaria de tecnología punta o a las ampliaciones de las empresas que crean empleo, que a las adquisiciones de vehículos que se matriculan a nombre de las sociedades, pero que en realidad son de uso privado.
En relación con los automóviles, se han iniciado investigaciones especiales de las compras de vehículos todo terreno. Las sospechas se refieren a que muchas de las adquisiciones que figuran a nombre de titulares de fincas rústicas no siempre se destinan a actividades agrícolas.
En ciertos sectores del Ministerio de Economía y Hacienda se considera cada vez más racional el control y fomento de la inversión por la vía del gasto que por la vía del ingreso. Es decir, consideran preferible, por su mayor control, distribuir los recursos disponibles por la vía del gasto (subvenciones directas o inversiones públicas) que por la vía del ingreso (exenciones, desgravaciones y deducciones) que reducen las pagos de muchos impuestos.
Por otra parte, la Administración estima necesario conocer quién, cuánto y para qué se beneficia de las ayudas canalizadas a través del sistema fiscal, para lograr una mayor racionalización de las opciones presupuestarias. En este sentido, la Memoria Tributaria de Hacienda de 1984 señala que Ias cifras convencionales de nuestros gastos presupuestarios (gastos directos) subestiman el esfuerzo público de redistribución por la simple razón de no incluir los menores ingresos que la concesión de beneficios tributarios comporta".
En relación con las deducciones existe una seria preocupación por el importante aumento registrado en los niveles de ingresos elevados del impuesto sobre la renta. La deducción media por contribuyente, en el ejercicio de 1983, ascendió a 93.825 pesetas, lo que representó un aumento del 12,6% sobre el ejercicio anterior.
Sin embargo, en el tramo de bases imponibles comprendidas entre los 25 y 30 millones de pesetas, las deducciones medias por contribuyente fueron de 1.740.357 pesetas, lo representó un aumento del 33%, sobre 1982. Para las rentas superiores a 30 millones de pesetas, las deducciones medias fueron de 4.399.685 pesetas, con un incremento del 159% sobre el año anterior.
La reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que modificará sustancialmente el sistema de deducciones, está pendiente de los resultados de la investigación y cuantificación de los gastos fiscales. En el caso de este tributo, se estudia una tercera alternativa que propugna la reducción paralela y proporcional de deducciones y tarifas del impuesto.
