Un juez italiano fue asesinado en 1976 con un arma de la policía española
Una metralleta Ingram-Marietta, que todavía en enero de 1983 figuraba en el inventario de armas de la Comisaría General de Información, fue usada en 1976 para asesinar al juez italiano Vittorio Occorsio, según informan policías que conocen con detalle el caso. El arma, con el número de serie 2-2-000981, fue intervenida en Roma en febrero de 1977 al fascista italiano Pier Luigi Concutelli, presunto asesino del magistrado y, según el juez italiano Luigi Vigna, probablemente relacionado con acciones anti ETA en colaboración con la policía española.En el momento de ser detenido Concutelli tenía en su poder una agenda con algunos teléfonos pertenecientes a policías y militares españoles que en 1976 estaban destinados en el Servicio Central de Documentación (SECED), el más importante servicio de información de la época. Entre los teléfonos figuraban los de Ramón Lillo y Carlos Clavero Fernández, ambos del Cuerpo Superior de Policía, y el de Pedro Antonio Clavero Fernández, hermano del anterior y hoy coronel del Ejército del Aire, de acuerdo con las misma fuentes informantes.
Al conocerse estas irregularidades en 1983, el entonces jefe de la Brigada de Interior, Mariano Baniandrés, encargó al inspector Juan José Medina que investigará el caso. Éste logró saber que el arma había sido trasvasada de la Comisaría de Información al SECED, por lo que comenzó a investigar qué militares y policías estaban en el SECED en 1976 y 1977 y cuál de ellos podía haber tenido contactos con neofascistas italianos. Sin embargo, Medina acabó siendo procesado por infidelidad en la custodia de documentos y por presunta estafa, y la investigación no fue continuada. A través de su abogado, Medina asegura que ha sido víctima de una "turbia maniobra".
Vigna, que investiga el asesinato de Occorsio, ha solicitado oficialmente en varias ocasiones información a la policía española sobre cómo llegó la metralleta a los neofascistas italianos, pero nunca ha recibido datos concretos. Una de las primeras solicitudes italianas fue remitida en 1977 al entonces jefe del SECED, comandante Andrés Cassinello, hoy general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, pero la respuesta fue que se desconocía el camino seguido por el arma.
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