La Cámara de EE UU ratifica las sanciones contra Pretoria
La Cámara de Representantes del Congreso norteamericano retificó ayer una serie de sanciones económicas contra Suráfrica, pero el Senado no se pronunciará sobre este asunto hasta septiembre debido a la oposición ultraconservadora.Por 380 votos contra 48, la Cámara baja aprobó las sanciones, acordadas por negociadores del las dos Cámaras del Congreso, en protesta contra la política racista del Gobierno de Pretoria.
Durante el debate previo a la votación, algunos congresistas republicanos unieron sus voces a las de los demócratas para advertir a presidente Ronald Reagan para que no vete las sanciones, pero la medida legislativa con las sanciones no llegará a manos de Reagan hasta septiembre.
El portavoz de la Casa Blanca, Larry Speakes, dijo ayer que "la imposición de sanciones afectaría más a la comunidad negra que a otra cualquiera".
Reagan, que se ha opuesto anteriormente a la adopción de sanciones económicas contra Suráfrica y, ha defendido la política del compromiso constructivo, no ha dicho hasta el momento si ratificará el proyecto o lo vetará. Algunos funcionarios de la Administración habían comentado que el presidente lo firmaría si creyese que no es demasiado severo con el Gobierno de Pretoria y si las medidas hubiesen sido aprobadas por un amplio margen de votos. La comisión conjunta del Congreso, que el miércoles aprobó el proyecto, lo hizo con un margen suficiente para facilitar la aprobación presidencial, más de los dos tercios.
Prohibición de los créditos
El proyecto prevé la prohibición inmediata de la concesión, de créditos al régimen surafricano por parte de los bancos norteamericanos y la circulación en Estados Unidos de la moneda de oro suráfricana, el krugerrand, e impone también restricciones a la venta de tecnología nuclear y de ordenadores.El Chase Manhattan Bank, el tercer banco mayor de Estados Unidos, ha anunciado ya su decisión de suspender temporalmente los préstamos a compañías y entidades financieras que operan en Suráfrica. La decisión se basa en razones de riesgo económico más que político, según afirmó un portavoz de la entidad.
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