Las concesiones de canales privados de televisión se harán en esta legislatura, según Moscoso

El ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, declaró ayer en Santander que en esta legislatura habrá no sólo una ley que regule la televisión privada, sino que el Gobierno pretente también regular las concesiones de las posibles licencias. Javier Moscoso, que clausuró un seminario sobre publicidad que se ha celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, dijo que el nivel de información que tiene ya el Gobierno sobre los problemas técnicos y jurídicos que presenta el tema de la regulación de la televisión privada permite afirmar que se van a resolver en breve estos problemas.

Ello permitirá, según el ministro, no sólo regular la televisión privada antes de que acabe esta legislatura, como ha anunciado en varias ocasiones el presidente del Gobierno, sino que incluso se podrá aprobar un régimen de concesiones. Moscoso no quiso especificar, sin embargo, cuántos canales se van a conceder ni qué modelo de televisión privada se va a adoptar.Sobre el número de concesiones, el ministro de Presidencia afirmó que lo dirá la ley, y sobre el modelo dijo que este tema no estaba suficientemente maduro y que, por lo tanto, podría ser un error adelantar cualquier suposición. "No sé si en el año 1986 estará funcionando ya la televisión privada, pero es seguro que para entonces ya se habrán aprobado los instrumentos legales que van a posibilitarla", dijo.

"Cuanto antes"

Durante su estancia en el palacio de la Magdalena, Javier Moscoso anunció también la intención del Gobierno de enviar al Parlamento "cuanto antes sea posible" una ley de estatuto de la publicidad y otra de protección de datos, sin embargo manifestó que de momento han quedado congelados otros dos proyectos de ley que afectan a su departamento: el de información y el de colegios profesionales.El estatuto de la publicidad, que el Ministerio de la Presidencia someterá en breve a discusión entre los profesionales y otros sectores con implicación en el mismo, delimitará el moderno concepto de publicidad, las competencias de las autonomías en esta materia y establecerá los procedimientos de acción rápida, tanto jurídica como administrativa, en defensa de los consumidores ante la publicidad desleal y engañosa.

El Ministerio de Presidencia ya tiene terminado un borrador de ley de protección de datos y espera poder presentarlo al Parlamento el próximo mes de octubre. Este proyecto pretende garantizar el derecho de los ciudadanos a la intimidad frente a las modernas técnicas informáticas, y el derecho a acceder a los ficheros y a la información oficial sobre el propio ciudadano. El tema es delicado, según Moscoso, porque entran en juego datos médicos, de seguridad y de defensa, lo que requerirá una profundización jurídica para conciliar los diversos aspectos de este problema.

Respecto a la ley de información o cuerpo jurídico con el que se pretendía regular el artículo 20 de la Constitución sobre el secreto profesional y claúsula de conciencia del periodista, y que sería recogido también en un estatuto, el ministro dijo que no era urgente esta ley, debido a la imposibilidad absoluta de obtener una postura consensuada entre los propios profesionales de la información, ya que existen en estos momentos dos bloques antagónicos.

Presiones profesionales

El borrador de ley de colegios profesionales es otro de los que han sido aparcados. "Tuvimos hace algún tiempo una presión muy importante por parte de determinados colectivos profesionales para sacarla adelante, pero el proyecto que preparamos y pusimos a discusión pública resultó tan polémico que el Gobierno decidió congelarlo. Creo que en este tema habría que interrogarse, también, si es o no constitucional exigir la colegiación obligatoria, como en este momento se está exigiendo, para la práctica profesional. Me sorprende que hasta ahora ningún profesional haya planteado este caso en el Tribunal Constitucional".El ministro de la Presidencia no ve problemático el hecho de que ya exista una comunidad autónoma, Andalucía, que haya aprobado su propia ley de colegios profesionales, después de que se haya promulgado la Constitución, "lo que sucede es que si se produce alguna sentencia del Tribunal Constitucional que afecte a alguna de las materias que se recogen en este proyecto tendrían que adaptarse a dicha sentencia".

Javier Moscoso dijo, finalmente, sobre la aplicación de la ley de incompatibilidades, que era todavía pronto para hacer una evaluación desde el punto de vista del Gobierno, "puesto que estamos todavía en el período de adscripciones y bajas voluntarias". Moscoso confió que al final de año tendría cifras reales sobre los funcionarios a los que les han afectado las incompatibilidades.