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Acoso al régimen del 'apartheid'

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta una propuesta francesa contra Suráfrica

El embajador de España en Pretoria, Federico Garayalde, que se encuentra de vacaciones en Madrid, no se reincorporará, de momento, a su destino y permanecerá a disposición del Ministerio de Asuntos Exteriores para consultas, según manifestó ayer a EL PAÍS Francisco Fernández Ordóñez, responsable de dicho departamento. Esta decisión coincide con la del Consejo de Seguridad de la ONU para la adopción de sanciones voluntarias contra el régimen del apartheid, y con el anuncio, hecho ayer oficialmente en la RFA, de que los ministros de Exteriores de los países miembros de la Comunidad Económica Europea se reunirán la próxima semana en Helsinki para adoptar una postura común acerca del asunto.

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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó esta madrugada un proyecto de resolución francesa reclamando sanciones voluntarias contra Suráfrica. El proyecto de resolución fue adoptado por 13 votos a favor y dos abstenciones, las de Estados Unidos y el Reino Unido.Fernández Ordóñez declaró que la postura de España ante el conflicto racial en Suráfrica quedó marcado por el apoyo que el Gobierno dio el pasado día 22 al documento elaborado por los ministros de Asuntos Exteriores de la CEE en Bruselas sobre esta cuestión. Este texto, al que Ordóñez calificó como uno de los más duros de los emitidos hasta ahora contra Suráfrica, pide el fin del estado de emergencia en ese país y la liberación inmediata y sin condiciones del líder opositor negro Nelson Mandela.

Según Fernández Ordóñez España seguirá las indicaciones de los diez, que, tras la propuesta de sanciones hecha por Francia, se proponen el estudio de una política de conjunto de la CEE ante Suráfrica. Los ministros comunitarios coincidirán la próxima semana en la capital finlandesa, para celebrar, junto a los representantes de otros 25 países, el 10º aniversario de la firma del Acta de Helsinki. Fernández Ordófiez representará a España.

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El proyecto francés de resolución, apadrinado también por Dinamarca, pide a la ONU que condene enérgicamente el régimen del apartheid, y que exija la libertad incondicional e inmediata de todos los detenidos al amparo del estado de excepción en Suráfrica.

Este proyecto insta, además, a todos los países miembros de la ONU a que tomen medidas económicas voluntarias contra Pretoria, suspendiendo la realización de nuevas inversiones y los préstamos, además de determinadas exportaciones estratégicas.

El proyecto de resolución adoptado esta madrugada pide también que se establezcan restricciones en el terreno de los deportes y de las relaciones culturales con Suráfrica, la suspensión de préstamos para la exportación, así como la prohibición de todo nuevo contrato en el campo nuclear y de cualquier venta de material informático que pueda ser utilizado por el Ejército y la policía surafricanos.

Los Estados radicales africanos piden que la ONU aplique el capítulo 8º de su Carta para que estas sanciones económicas sean obligatorias, y exigen que el Consejo de Seguridad condene la política de compromiso constructivo con la Administración surafricana que practican algunos países occidentales, y en concreto la Administración de Ronald Reagan.

Pese a que los negociadores de pasillo trabajaron arduamente, estas divergencias seguían planteadas al comienzo de la sesión de ayer, que volvió a interrumpirse a los pocos minutos de iniciada para reanudarse a las nueve de la noche, hora española.

La sesión del jueves estuvo dominada por los enfrentamientos entre el representante francés ante el consejo, Claude de Kemoularia, y su homólogo surafricano, Kurt von Schirding, quien comparó el estado de emergencia decretado por Pretoria con las medidas de excepción adoptadas por París en la colonia francesa de Nueva Caledonia.

Von Schirding rechazó, además, la competencia del Consejo de Seguridad para tratar "temas de la política interna surafrícana".

Kemoularia respondió que "hay una diferencia fundamental que el representante surafricano trata de ignorar. Francia", añadió, "no practica el racismo institucionalizado ni el racismo de Estado, y no hace distinciones entre el color de la piel de sus ciudadanos".

Resultados perjudiciales

Tanto el representante de EE UU, Vernon Walters, corno el del Reino Unido, Peter Maxey, reiteraron los argumentos ya conocidos de sus Gobiernos, en el sentido de que las sanciones económicas resultarían perjudiciales, y especialmente para la población negra.

El representante soviético, Vasili Safronchuk, calificó, como el de Burkina Faso, de excesivamente moderada la propuesta francesa.

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