La CEE convoca una conferencia intergubernamental para estudiar la reforma del Tratado de Roma

El 9 de septiembre se reunirán en Luxemburgo los ministros de Asuntos Exteriores de los diez -más los de España y Portugal- como conferencia intergubernamental para estudiar la eventual reforma del Tratado de Roma y la ampliación de las competencias de la CEE, que, por medio de un nuevo tratado paralelo, podría llegar a cubrir las cuestiones de seguridad. Sin grandes problemas, los ministros de la CEE ampliada, reunidos ayer en Bruselas, convocaron esta conferencia cuyos resultados, sin embargo, deberán ser aprobados por unanimidad. Por otra parte, la Comunidad acordó ayer conceder una ayuda suplementaria de 3.600 millones de pesetas destinada a financiar el desguace de barcos de la flota pesquera del norte. Los pesqueros desguazados no podrán ser reemplazados.

Los ministros de Exteriores de los doce se han fijado como fecha-objetivo para la reforma de la Comunidad la de la próxima cumbre europea del 2 y el 3 de diciembre, también en Luxemburgo. España y Portugal "estarán representados en esta conferencia". La fórmula es vaga para evitar que se califique con un estatuto de "observadores", ya que jurídicamente España aún no será miembro de la CEE, pero, según declaró el ministro Francisco Fernández Ordóñez, quien brevemente intervino en el debate, "España se reserva el derecho" a tomar su propia actitud.En todo caso, Ordóñez, que ayer inauguró la presencia oficial española en un Consejo de Ministros comunitario, estimó que "no veo fácil que se modifique el Tratado antes de final de año". España, dijo Ordóñez, se declaró a favor de la postura "más avanzada, progresista y europeísta".

Seguridad europea

La conferencia -única en su vértice- tiene un doble mandato: revisar el Tratado de la CEE (según se decidió en la cumbre europea de Dublín) y elaborar un proyecto de Tratado (en base a las sugerencias de París, Bonn y Londres) sobre la cooperación política "en vista de" -no se pudo precisar más esta fórmula, dada la oposición danesa y griega- "una política exterior y de seguridad común". A este respecto Ordóñez manifestó que "el tema de la seguridad nos interesa", hablando de una "política de seguridad europea en la que España debe estar".

Para preparar los debates sobre el primer tema se reunirá un grupo, en principio compuesto por los representantes permanentes u otras personas designadas por los gobiernos (el nivel de la representación española aún no ha sido decidida) y presidido por el ex embajador luxemburgués en la Comunidad Jean Dondelinger.

De desbrozar el camino del texto sobre cooperación política se encargarán los directores generales de política exterior de los diez, con la participación por parte española del, cuando se nombre, secretario general de Política Exterior, Máximo Cajal. Hasta ahora los países de la CEE se han limitado a coordinar su política exterior. "Ahora, señaló Ordóñez, se trata de ir "hacia una política exterior común".

La conferencia intergubernamental -no se trata de un Consejo de Ministros de la CEE, pues las dicusiones se producen entre los Estados miembros- deberá tratar de la mejora de los procedimientos de decisión de la CEE, del aumento de los poderes del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea y de los nuevos campos de acción común para la CEE.

Esta conferencia no tiene aún una agenda precisa. A formularla se dedicará la primera reunión del 9 de septiembre. Dinamarca y Grecia repitieron ayer sus argumentos en contra de una modificación del tratado, pero no se opusieron a la reunión.

Ayuda pesquera

El Gobierno de Londres se opuso en Milán, "por razones prácticas", a la convocatoria de la Conferencia. Ahora el Reino Unido la acepta inevitablemente y que su contribución será "significativa y positiva" aunque quiere limitar los debates a algunos puntos concretos.

Dentro de todos estos debates se volvió a discutir ayer de la posible Comunidad tecnológica europea y del proyecto Eureka, y de cómo se establecería el vínculo entre ambos programas.

La CEE decidió ayer conceder una ayuda preadhesión a España para el desguace de su flota pesquera del norte de 28,5 millones de ECU (3.600 millones de pesetas), a razón de 1.000 ECU (unidades de cuenta europea) por tonelada desguazada. La intervención comunitaria será de un máximo del 60%, teniendo que aportar España el otro 40%, lo que supone 2.400 millones de pesetas. Además, esta ayuda se considera como complementaria y sólo comenzará a concederse una vez que España haya realizado el desguace medio de 12.500 toneladas por año. La financiación comunitaria va destinada a un desguace suplementario de 28.500 toneladas.

Los barcos desguazados -la ayuda de la CEE sólo se aplicará a los de más de 12 metros de eslora- no podrán ser reconstruidos. La gestión de estos fondos se llevará a cabo por mayoría simple en el seno de la CEE.