Un tratado de extradición con limitaciones

El tratado de extradición que mañana firmarán en Londres Fernando Ledesma, ministro de Justicia español, y su homólogo británico, Leon Brittan, no podrá ser aplicado a delincuentes de nacionalidad británica establecidos en España con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado mientras que no abandonen España. Tan sólo si abandonan España y pretenden regresar sería posible su detención y supuesta extradición futura.

De esta manera, el centenar de delincuentes británicos que residen en España, fundamentalmente en la Costa del Sol y otras zonas turísticas, no verán su situación modificada, siempre y cuando no abandonen momentáneamente el suelo español.

No obstante, Fernando Ledesma señaló recientemente que estos delincuentes serán perseguidos "con todo rigor" a través de la ley de extranjería, que entrará en vigor el próximo día 23.

Vacío de siete años

Fuentes del Ministerio de Justicia señalaron que con el nuevo tratado se llena un vacío de siete años que ha permitido convertir a España en asilo preferente de delincuentes británicos. El actual tratado sustituye a otro de 1878, que fue derogado exactamente un siglo más tarde, en 1978. Las causas de aquella derogación se basaban en la falta de reciprocidad, que afectaba principalmente a España, según las mismas fuentes.

En este sentido, Fernando Ledesma indicó que durante los 100 años de vigencia del anterior tratado "solamente en una ocasión se dio lugar a la entrega de un delincuente pedido al Reino Unido por España. Sin embargo, a la hora de hacerse efectiva la entrega a España no fue posible porque el extraditado había huido del territorio británico".

El Ministerio de Justicia ha resaltado la "gran celeridad con que se ha alcanzado un acuerdo entre ambos países". La rapidez del mismo es explicada en el ministerio "por las buenas relaciones entre ambos países tras el nuevo clima existente a partir del desbloqueo del contencioso de Gibraltar". Tras la firma del tratado, el texto normativo entrará en fase de ratificación parlamentaria en ambos países.

Fernando Ledesma mostró recientemente su confianza en que por el procedimiento de urgencia las dos cámaras parlamentarias españolas aprueben el tratado al principio del próximo período de sesiones. De ahí a su efectiva puesta en vigor pasarán cuatro meses y un día, plazo preestablecido por el propio tratado.