La 'economía de guerra' argentina da sus primeros frutos

A mediados del mes de junio pasado, Raúl Alfonsín, presidente argentino, dio la sorpresa y puso en marcha el plan de economía de guerra que avanzó en la Plaza de Mayo, en el memorable día en que los argentinos dieron su apoyo al presidente para el juicio de los militares de las Juntas de Reconstrucción nacional. Sustitución del peso argentino por una nueva moneda, el austral; supresión de tres ceros a la moneda; congelación de precios, salarios y tarifas por un mínimo de 60 días; y firme y público compromiso del poder ejecutivo de no volver a emitir moneda para sufragar el déficit público.Tras conocerse el programa ideado por el líder radical para evitar que Argentina fuese un sucedáneo de la República de Weimar -indice oficial inflacionario del 1% al día-, Buenos Aires quedó conmocionada.

La capital porteña vio cómo el dólar negro trepaba violentamente un 30% en 24 horas alcanzando la cotización récord de 1.055 pesos por dólar.

Decadencia nacional

Alfonsín apeló a la necesidad de clausurar el capítulo de la decadencia nacional, de escapar del atraso, la marginalidad y la dependencia. El presidente argentino, ojeroso, macilento, abotargado, con expresión de profundo cansancio físico, aludió en la presentación del plan por dos veces a la necesidad de reordenar la economía para salvaguardar la democracia. "No es un proyecto", afirmó, "para salvar a un Gobierno, sino para preservar un sistema político. Si el problema económico no es resuelto, acecharán graves riesgos políticos a la nación".

El plan de ajuste implementado por el Gobierno argentino para enfrentar la economía de guerra declarada por el presidente Raúl Alfonsín, ya ha obtenido resultados concretos. La inflación del mes de junio, que alcanzó el 30,5%, fue la más alta desde que se restableciera la democracia y revela la hiperinflación galopante que se cernía sobre el país. De ese índice, sólo el 7% corresponde a los últimos 15 días de julio, después de que el 14 de junio pasado se aplicara, imprevistamente, un congelamiento total de precios y salarios, además de sustituir el histórico peso argentino por una nueva moneda denominada austral. Cada austral equivale a 1.000 de los viejos pesos.

Crecen las reservas

El aumento de precios se detuvo sin que se registraran filtraciones en el control. En la primera semana de julio la inflación bajó al nivel del 0%. La prohibición expresa de emitir fondos para el Banco Central fue respetada por el Gobierno después de que un día antes de anunciarse el plan se imprimieran urgentemente 150.000 millones de pesos. La cotización del dólar, que se fijó en 0,80 australes, aumentó inicialmente a 0,93, y desde entonces se mantuvo estable.

Las reservas del Banco Central en divisas crecieron hasta los 950 millones de dólares, y Argentina ha pagado ya 250 millones a cuenta de intereses pendientes en su deuda externa con la banca privada internacional. La reacción favorable de todos los sectores políticos y sociales que coincidieron en la necesidad de tomar medidas extremas contribuyó a fortalecer el plan. Los consumidores adoptaron una actitud vigilante en sus compras, y se registraron miles de denuncias ante la Secretaría de Comercio por infracciones a las listas de precios máximos, anunciadas oficialmente y publicadas por todos los periódicos. Por su parte, el Gobierno mantiene una intensa campaña de difusión publicitaria del plan por la red de televisión estatal y las emisoras de radio privadas.

Los aspectos recesivos aún no se han hecho notar, y la onda expansiva más fuerte se aguarda para el mes de agosto. Los trabajadores han recibido a finales del pasado mes sus salarios incrementados con el último aumento oficial que concedió el Gobierno más el llamado medio aguinaldo, la mitad del sueldo anual complementario, que en Argentina se percibe en dos cuotas, una en junio y otra a fin de año. Ese dinero extra, agotado en julio, ya no podrá disimular la dura realidad, puesto que el congelamíento se ha establecido sobre un salario real muy deprimido.

Recesión

Los índices económicos revelan que ya se ha producido una caída importante en la demanda de puestos de trabajo, y los dirigentes de la oposición política y sindical han criticado duramente al Gobierno por no prever medidas que reactiven la producción. La Unión Industrial Argentina supone que muchas empresas no van a poder resistir el tipo de interés real (alrededor de un 4% mensual) y la constante presión fiscal.

El conflicto desatado en la fábrica de automóviles Ford cuando la empresa decidió despedir a 33 operarios, que provocó la posterior ocupación de la planta por parte de sus 4.500 trabajadores, aún no se ha resuelto. La poderosa Confederación General del Trabajo (CGT), de orientación peronista, reaccionó con un severo documento y mantuvo luego una reunión con Raúl Alfonsín en la que el presidente argentino prometió aprobar un decreto para "controlar los despidos y suspensiones". La ola de ocupaciones de fábricas se ha extendido al interior del país, y esa medida sería el primer paso para evitar el pánico. El equipo económico, liderado por el ministro Juan Sourrouille, pretende mantener la congelación más allá de los 60 días y extenderlo hasta fin de año, contra la resistencia de trabajadores y empresarios.