Sanidad atenderá directamente los casos de aborto

El Ministerio de Sanidad y Consumo remitió ayer a consulta del Consejo de Estado el procedimiento que regulará los requisitos que deberán reunir los sanitarios que realicen abortos. Los casos que se presenten dentro de 20 días "serán atendidos directamente por este departamento", según el subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo, Carlos Hernández Gil. Esta atención directa se prestará mientras se organiza técnicamente el procedimiento de selección de sanitarios.El envío de la consulta se produjo horas después de que apareciera en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley por la que se despenaliza el aborto en los supuestos de malformación del feto, peligro para la vida de la madre y violación, que entrará en vigor dentro de 20 días.

La consulta obedece al deseo del departamento de ser "extremadamente cuidadoso" con la objeción de conciencia que está regulada en la Constitución, según afirmó ayer Hernández Gil. El procedimiento que se pretende emplear se basará en una declaración positiva de los sanitarios dispuestos a practicar el aborto y no en una negativa de quienes se opusieran personalmente a su practica.

Los motivos por los que Sanidad se inclina por la declaración positiva son el evitar que una discusión sobre la objeción de conciencia de los sanitarios "pueda paralizar aun más la ejecución del aborto en los casos que marca la Ley", según Hernández Gil.

Una de las argumentaciones en las que la Organización Médica Colegial (OMC) basó su oposición a declararse objetor en estos casos fue que "jugaría un papel importante en los ascensos o concursos el hecho de ser o no objetor de conciencia". La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), expreso ayer su punto de vista, totalmente opuesto al de la OMC.

La FADSP afirmó que el derecho a la objeción de conciencia debe realizarse mediante la declaración individual de los profesionales que deban acogerse al mismo en los respectivos centros sanitarios, elaborándose las correspondientes listas y evitando que los jefes de servicio objetores impidan la realización de abortos a sus subordinados no objetores.