Los expertos proponen endurecer el control sobre los toxicómanos

El congreso clausurado el viernes en San Sebastián ha constatado casi unánimemente el fracaso de las políticas de liberalización legislativa y judicial para amortiguar y limitar los efectos de las drogodependencias. Por el contrario, muchos de los ponentes de este congreso han propuesto el aumento de las penas a los traficantes y han sugerido abiertamente la readopción de actitudes beligerantes contra el consumo de todo lo que signifique droga, incluido el cannabis.En las jornadas, patrocinadas por el Gobierno Vasco, el Consejo de Europa y el Ministerio de Justicia, intervinieron como ponentes, entre otros, Christian Brulé, del Consejo de Europa; el responsable del departamento de drogas del Ministerio británico del Interior, Neville Nagler; delegados del Ministerio de Justicia de Holanda e Italia, R. J. Manschot y Louggi Scotti, respectivamente; Joseph Davis, asesor de la Administración norteamericana y el propio fiscal especial para la droga en España, Jiménez Villarejo.

La tesis de que el toxicómano constituye un problema de salud pública ha ido apuntalándose a lo largo de estas cuatro jornadas, al igual que la necesidad de adecuar las legislaciones a la realidad actual del mundo de la droga y las nuevas dinámicas de las mafias del tráfico. En general se ha aceptado que las instituciones están legitimadas para presionar al toxicómano a que se someta a tratamiento, si bien, entre los congresistas existen divergencias sobre el alcance de esa presión. "No sirve esperar que el toxicómano decida curarse", se ha repetido insistentemente, "él ha perdido en buena medida la capacidad de decisión, y el fracaso de los tratamientos obligatorios es achacable a la deficiencia de los sistemas de curación aplicados y la escasa profe s ion aliz ación de los centros".

El baremo que regula la eficacia del tratamiento de cura de los toxicómanos es su reintegración en la sociedad. El toxicómano es considerado un enfermo al que hay que ofrecer tratamientos alternativos. Aquellos que además sean traficantes o delincuentes deben cumplir condena en centros especializados dentro de un marco de aceptación social.

Los ponentes han subrayado la necesidad de que los centros de desintoxicación sean subvencionados por las Administraciones y controlados en sus funcionamientos. Los expertos extranjeros resaltaron la eficacia de medidas contra los traficantes, como la confiscación de sus bienes, los de sus familias y el control del dinero y de las cuentas bancarias.