El Gobierno insiste en adecuar la legislación laboral a la europea

El Gobierno ha afirmado que tiene intención de continuar la adecuación de nuestra legislación laboral a la de la Comunidad Económica Europea, negándose a disolver la comisión creada al efecto en el Acuerdo Económico y Social (AES), tal como había solicitado la UGT, según revela ahora el informe presentado por el secretario general de banca de UGT a su comité confederal celebrado en los primeros días de julio.La UGT basaba su petición en que la citada comisión no tenía sentido cuando la propia Comunidad había reconocido que las leyes laborales españolas eran homologables con las que se aplican en los países europeos.

El documento destaca que esta petición fue presentada al presidente del Gobierno, a la CEOE y a la ejecutiva de UGT, y que Nicolás Redondo, secretario general del sindicato, manifestó a Justo Fernández que había hecho. suya la petición y que el Gobierno y la CEOE habían mostrado su intención de continuar la adecuación de nuestra legislación al "acervo comunitario".

Este fue uno de los puntos más conflictivos del AES y estuvo a punto de impedir la firma del mismo, que sólo fue posible tras la intervención directa del presidente Felipe González. Los empresarios exigían que se eliminara el requisito de la autorización administrativa para proceder al despido colectivo, tal como era habitual en los países comunitarios. Finalmente se optó por crear una comisión que estudiara la adecuación al "acervo comunitario" de nuestra legislación laboral.

Todo el documento está cargado de una fuerte crítica a la política seguida por el Gobierno, con referencias directas a miembros del Gabinete, y a la propia organización sindical. La política económica es calificada de "reaccionaria", y se dice que "los fracasos están bunkerizando al Gobierno".

Más adelante se insiste en la necesidad de replantear "el sentido de las relaciones entre el Partido Obrero y el sindicato de clase, cuando el partido llega al poder y rompe sus compromisos con el electorado y con la propia clase obrera".

Fuertes críticas

Los ataques más duros aparecen cuando el informe señala que "desde 1976, congreso a congreso, el PSOE ha venido influyendo para conseguir un desarme ideológico de la UGT". Y afirma que se ha elaborado una estrategia para eliminar el carácter revolucionario y anticapitalista de UGT y convertirlo en un sindicato de "servicios y alternativas, donde sus principios fundamentales de emancipación de la clase trabajadora, son apenas un recuerdo retórico de la historia real de UGT".

Se advierte que ésta era una estrategia a largo plazo que debía culminar cuando el PSOE llegara al poder. "La necesidad de una central sindical dócil y controlada", dice el informe, "era primordial para poder dar el cambio y sustituir los objetivos socialistas, por una simple modernización del país, que no molestara los intereses de quienes han patrocinado la operación".

Nicolás Redondo, según el documento, era el único obstáculo para lograr estos objetivos, por lo que "ha surgido una batalla soterrada, en la que mayoría de los oportunistas que han aterrizado en los cargos públicos comienzan a poner en cuestión la capacidad de liderazgo de Nicolás Redondo".