La legislación española no garantiza totalmente la eliminación de la tortura, según Amnistía Internacional

A pesar de las reformas introducidas en los últimos tiempos, la legislación española sigue sin proporcionar las garantías necesarias para eliminar la tortura y los malos tratos a detenidos por parte de la policía y de la Guardia Civil, según afirma la organización internacional pro derechos humanos Anmistía Internacional en un informe que se hará público hoy.

Según Amnistía Internacional, la detención en régimen de incomunicación de personas hasta un plazo de 10 días, la negativa a permitirles el acceso a asistencia letrada durante la mayor parte de ese tiempo y la falta de supervisión efectiva de las condiciones de detención por parte de los tribunales son factores que propician "el recurso a la tortura y a los malos tratos".En un informe de 60 páginas titulado España, la cuestión de la tortura, Amnistía Internacional publica un memorándum enviado al Gobierno español en mayo de 1984 y la respuesta pormenorizada de las autoridades españolas. En el memorándum se hacía mención de las denuncias de torturas en España recibidas por la organización internacional, según las cuales los detenidos habían sido "golpeados, quemados con cigarrillos, colgados cabeza

abajo y amenazados con descargas eléctricas".

Según la organización, los representantes de Amnistía Internacional habían mantenido con posterioridad al envío del memorándum una entrevista en Madrid con el presidente del Gobierno, Felipe González, y con los ministros del Interior, José Barrionuevo, y Justicia, Fernando Ledesma, en la que se discutieron los motivos de preocupación de la organización.

11 casos

Amnistía Internacional incluye en su informe 11 casos de presunta tortura a detenidos, seleccionados para ilustrar el problema, aunque añade que continuaban recibiéndose denuncias similares, que se habían traducido en numerosas querellas interpuestas ante los tribunales.Amnistía Internacional cree que las reformas de la legislación aprobadas en 1984 pueden redundar en una mejor protección para los detenidos por delitos comunes, pero piensa que es necesaria la adopción de garantías más eficaces, en especial para aquellas personas detenidas en aplicación de la ley antiterrorista. En el memorándum enviado al Gobierno español, Amnistía Internacional pedía que se adoptase el procedimiento de hábeas corpus, en vigor desde 1984.

En el informe que será publicado hoy, la organización internacional señala que en la práctica es dificil recurrir a este procedimiento en el caso de las personas incomunicadas a las que se aplica la ley antiterrorista.

El Gobierno contestó al memorándum de Amnistía Internacional por medio de una carta enviada por el ministro Barrionuevo al secretario general de Amnistía Internacional, Thomas Harrimarberg, el 29 de noviembre del pasado año. El informe publicado hoy recoge en su totalidad la respuesta del Gobierno español, en la que se afirma, entre otras cosas, que el ordenamiento jurídico español se ajusta al sistema de garantías previsto en la Constitución. El Gobierno expresó en su respuesta que "la denuncia de torturas o malos tratos es una práctica habitual y sistemática de los grupos terroristas corno medio de interrumpir la incomunicación de sus miembros y entorpecer la investigación policial".

Acciones judiciales

"La existencia del terrorismo", afirma el Gobierno español en su respuesta, "no justifica en forma alguna el uso de la tortura y de malos tratos, prácticas incompatibles con cualquier sistema democrático". El Gobierno manifiesta "categóricamente que el sistema de garantías contenidas en el sistema legal español sería totalmente aceptable en las más exigentes democracias europeas".Después de reiterar su propósito de cooperar con Amnistía Internacional, el Gobierno español señala que se han íncoado procedimientos judiciales en más de 100 casos de denuncias de torturas o malos tratos.