El examen final para el ingreso en la Administración, suspendido a última hora porque se había filtrado un ejercicio

La Secretaría de Estado para la Función Pública ordenó ayer la suspensión en toda España de la última de las pruebas para el ingreso en los cuerpos General Administrativo de la Administración del Estado y Administrativo de la Seguridad Social, después de comprobar que un texto de inglés, presentado a las nueve de la mañana por un redactor de EL PAIS a los miembros de uno de los tribunales de Madrid, era el mismo que tendrían que traducir esa misma mañana los opositores. El texto que motivó la suspensión de la prueba había sido aportado el sábado por la tarde por un lector de este diario, quien aseguró que a él se lo había dado una opositora. para que le hiciera la traducción al castellano.

La presidenta-coordinadora de los 10 tribunales examinadores que funcionan en Madrid para vigilar la realización de las pruebas y corregir los ejercicios de los aspirantes al ingreso en los citados cuerpos administrativos se apresuró a poner los hechos en conocimiento de las autoridades del Ministerio de la Presidencia. Éstas decidieron ordenar que no se realizara el ejercicio de traducción en ninguno de los tribunales que tenían que examinar ayer en toda España a los 7.000 opositores que han superado los ejercicios anteriores.Dicho ejercicio no tiene carácter eliminatorio, sino de mérito para mejorar la puntuación y la clasificación en las listas finales de los 5.100 opositores que habrán superado el concurso-oposición que viene realizándose en toda España desde el pasado 6 de junio. A la primera de las pruebas se presentaron 45.000 concursantes, de los que sólo 18.000 superaron el examen, consistente en una prueba de cultura general del nivel de bachillerato. A la segunda, otro test, esta vez sobre el temario específico del programa oficial del concurso-oposición, concurrieron 30.000 personas: los aprobados del primer ejercicio, más 12.000 opositores de promoción interna, que estaban exentos de aquél. De los 30.000 opositores pasaron 7.000 a la tercera, de carácter práctico, que es la que se realizó ayer. Los opositores tenían que resolver tres casos supuestos relativos a gestión de personal, económica y de Seguridad Social.

Se había previsto que el ejercicio de mérito, consistente en la versión al castellano de un texto escrito en el idioma elegido por los concursantes, se efectuara ayer a continuación de la tercera y última de las pruebas eliminatorias. Consecuentemente, sólo se iban a corregir y calificar las traducciones de los aspirantes que hubieran aprobado dicha tercera prueba.

Escasos minutos después de las nueve de la mañana, el presidente de uno de los tribunales constituidos ayer en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid, abrió la caja que contenía los ejercicios de inglés, y comprobó que era el mismo que había aportado el redactor de este periódico, por lo que se tuvo la evidencia de que una o más personas de las que iban a realizar el examen contaba con la ventaja de llevar el texto de inglés traducido.

Dicho texto había sido facilitado al periódico por una persona que aseguró que una opositora le había pedido que le hiciera la traducción al castellano y que, junto con los ejercicios de las pruebas anteriores, le habían sido entregadas sucesivamente previo pago de 170.000 pesetas.

Consternación

El relato de estos hechos produjo una gran consternación entre todos los funcionarios componentes de los tribunales que se encontraban presentes, algunos de los cuales se desplazaron con el periodista hasta el edificio cercano de la Escuela de Ingenieros Navales, donde se encontraba la presidenta-coordinadora, la funcionaria María Ángeles Fernández Simón.

Esta funcionaria inició inmediatamente intensas gestiones para localizar en su domicilio a Jaime Montalvo, director general del Instituto Nacional de Administración Pública, a fin de recibir instrucciones sobre el procedimiento que debía seguir, en vista de las circunstancias. El director general, que acudió alrededor de una hora más tarde a la escuela de Navales, manifestó a EL PAIS que el secretario de Estado para la Función Pública, Francisco Ramos, había tenido conocimiento de lo sucedido y había ordenado inmediatamente el aplazamiento del ejercicio de mérito y ordenado a un inspector general de servicios del Ministerio de la Presidencia que abriera una investigación para deducir las responsabilidades.

Montalvo se mostró tan apesadumbrado como el resto de los funcionarios presentes en la escuela, y señaló que el hecho le había producido un enorme disgusto, precisamente por la cantidad de precauciones que se habían adoptado para evitarlo.

Recordó, a este respecto, cómo miembros de los tribunales habían permanecido hasta 10 y 12 horas presenciando la operación de reproducción de cada una de las pruebas que iban a efectuarse, cómo éstas se habían custodiado en armarios con cerraduras nuevas, cuyas llaves custodiarían únicamente los presidentes de los tribunales, y cómo, finalmente, las cajas cerradas y selladas que contenían los ejercicios, que sólo deberían de ser abiertas en presencia de los opositores por el presidente de cada tribunal, se habían encomendado a la custodia de los gobiernos civiles de cada provincia hasta el momento de realizarse las pruebas.

Miembros de uno de los tribunales calificadores, a título de ejemplo del "extremo rigor con que se ha actuado", relataron que cuando algunas de las cajas enviadas a provincias llegó en mal estado, abierta o semiabierta, las pruebas de dicha cajas se destruyeron y se sustituyeron por otras que habían seguido el mismo proceso de vigilancia.

A pesar de su contrariedad Montalvo dijo que se sentía "agradecido por la actuación intachable de la Prensa, que en esta ocasión ha contribuido de manera decisiva a impedir el intento de fraude por parte de una persona".

Sólo una persona

El director general precisó que tenía la convicción moral de que sólo una persona, y únicamente para este ejercicio de mérito, no eliminatorio -y que por tanto no surte efectos para perder o ganar la plaza-, puede haber dispuesto del texto por anticipado.

"Porque me resulta difícil creer", dijo, "que no hubiera trascendido ya a la opinión pública y a nosotros mismos si se hubiera dado una venta generalizada de ejercicios".

El director general pidió a EL PAIS que dejase constancia de que no existe ninguna prueba sobre la existencia de hechos anteriores al que motivó la actuación del periódico.

Montalvo añadió que no se le oculta a nadie el grave daño que puede derivarse de verter cualquier sombra de duda que empañase la limpieza de un proceso en el que ha intervenido una serie de funcionarios ejemplares.

"Prueba de cuanto le digo", concluyó, "es que de cinco familiares del propio secretario de Estado que se han presentado a las pruebas, alguno de vinculación muy directa, cuatro de ellos han suspendido".