Los expertos que los abusos son evitables
Joaquín Nebreda, asesor jurídico de Iberduero y uno de los negociadores del caso Getafe, reconoce que en el caso de la energía reactiva se trata de un error en la aplicación de un baremo "complicadísimo". Sin embargo, rechazó la tesis que el Ayuntamiento de Getafe ha mantenido respecto a la tasa de utilización del terreno público. El Ayuntamiento sostiene, e Iberduero aceptó inicialmente, que la tasa del 1,5% debe calcularse sobre el total de la facturación bruta de la compañía en cada municipio. Iberduero considera ahora que debe calcularse sólo sobre la facturación producida por la parte de la red cuyos cables ocupan espacio público en vuelo, suelo o subsuelo."Iberduero", explicó Nebreda, "aceptó llegar a un acuerdo porque así conseguía cobrar las deudas que mantenían los Ayuntamientos con la empresa". Nebreda afirma que se han realizado prospecciones en otras provincias "y no se han detectado errores similares alos de la zona sur de Madrid".
Pese a ello, los responsables del Ayuntamiento de Getafe han contabilizado más de un centenar de consultas de corporaciones de diversos municipios, que se han interesado por los detalles de la negociación y en qué consisten los errores. La aplicación indebida del baremo aplicado al consumo de energía reactiva puede afectar, según especialistas en la materia, a numerosos abonados, principalmente comunidades de vecinos y establecimientos comerciales y de hostelería, incluso aunque tengan contratado el suministro con compañías distintas a Iberduero. Nebreda, por su parte, estima que el problema está prácticamente resuelto desde que en octubre de 1983 el cobro de este tipo de energía quedó limitado a los contratos de más de 15 kilovatios, potencia ésta poco usual.
El baremo que se aplica para la energía reactiva, que figura en el recibo de la luz bajo el epígrafe react, tiene en cuenta dos variables: la potencia contratada y el porcentaje de aparatos que existen en la comunidad o local que consumen este tipo de energía, como pueden ser ascensores, cámaras frígoríficas, cafeteras o motores. A cada nivel de potencia se pueden aplicar diferentes porcentajes de recargo, en función del número de aparatos. La práctica más frecuente de las compañías, según explica Manuel Pereira, profesor de Electricidad, es considerar que los abonados tienen el porcentaje mayor de aparatos que consumen energía reactiva y aplicar, por tanto, una tarifa muy elevada.
Para evitar esta situación Pereira suguiere a los abonados dos opciones. La mejor, instalar un contador especial para medir el consumo real de energía reactiva. El precio es de unas 13.000 pesetas. La segunda opción es avisar a un instalador autorizado para que certifique los receptores de energía reactiva realmente existentes. Así, se puede presentar un informe detallado en el momento de realizar la contratación o la reclamación ante las compañías eléctricas.
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