Getafe gana la batalla del recibo de la luz

Los vecinos, la Asociación de Consumidores y Usuarios y el Ayuntamiento de Getafe han ganado una batalla que durante muchos años se consideró imposible en España. No sólo han llegado a comprender el significado exacto de los recibos de las compañías eléctricas, sino que al cabo de cuatro años de reclamaciones y negociación han conseguido la devolución de cantidades cobradas indebidamente y el pago de impuestos municipales que se abonaban de forma incorrecta. Hasta el momento, el empeño de los vecinos y la corporación de Getafe en desentrañar el recibo de la luz ha obligado a Iberduero a un desembolso de más de 2.100 millones de pesetas.

La subida indebida de la tarifa por el alquiler de los contadores y limitadores de potencia fue el detonante de una serie de estudios realizados por el Ayuntamiento de Getafe, que han desembocado en la reclamación de cantidades, a Iberduero por varios conceptos, incluidas irregularidades en el cobro de la energía reactiva, que afecta a comunidades de vecinos y establecimientos comerciales, y atrasos en el pago de la tasa municipal por utilización del espacio público para la red de distribución eléctrica.Todo arrancó cuando Ángel Fernández y Pedro Panadero, dos vecinos de Getafe, iniciaron en el verano de 1981 una interminable serie de reclamaciones ante Iberduero. Apelaron también al Ministerio de Industria y Energía para que se les devolviera el dinero que la compañía les había cobrado por el incremento irregular del alquiler de sus aparatos contadores y limitadores de potencia. Su gesto iba a desencadenar una campaña de. investigación generalizada. Getafe es una localidad del área metropolitana de Madrid con más de 125.000 habitantes, 46.870 abonados a Iberduero, y un 30% de parados.

Los dos vecinos de Getafe descubrieron, por separado, en agosto de 1981, un incremento inusual del alquiler de los contadores y limitadores, que pasó de 23,40 a 94 pesetas. Iberduero justificó la subida argumentando que se trataba de contadores especiales, de mejor calidad, a los que se aplicaba una tarifa distinta. En el mes de diciembre de 1982 la constancia de Panadero y Fernández dio sus frutos. El Ministerio de Industria y Energía obligó a la compañía a devolverles algo más de 1.200 pesetas a cada uno porque la subida no había sido autorizada y la compañía tampoco puede instalar contadores especiales sin haber sido solicitados por los abonados. Los dos reclamantes gastaron, sólo en pólizas, una cantidad de dinero mayor que la que consiguieron de Iberduero, pero consiguieron imponer su razón y no sufrir las consecuencias de una actuación que consideraban arbitraria e ilegal.

Ángel Fernández comunicó la resolución ministerial a la Asociación de Consumidores y Usuarios de Getafe, que a partir de ese momento inició una campaña de información a los vecinos. La campaña culminó con la presentación ante la Dirección General del Ministerio de Industria y Energía de más de 10.000 reclamaciones particulares. El 16 de septiembre de 1983 el Ministerio comunicó que Iberduero debía devolver las cantidades reclamadas, no sólo a los vecinos de Getafe, sino a todos sus abonados en el territorio español, que superan el millón. Aquella orden significó para Iberduero el fin de la polémica con los usuarios y un desembolso total de unos 1.500 millones de pesetas.

La Asociación de Consumidores, que contó con el apoyo masivo del vecindario, reclamó ante el Ministerio de Sanidad y Consumo que se impusiera una sanción a la compañía eléctrica por falta de disciplina en materia de precios. El Consejo de Ministros celebrado el pasado 2 de abril multó a Iberduero con 18 millones de pesetas por el asunto de los contad ores.

El Ayuntamiento de Getafe, que en el asunto de los contadores sólo prestó apoyo técnico a la Asociación de Consumidores, asumió más tarde un papel protagonista, al reclamar los atrasos por impago de la tasa municipal de utilización del vuelo, suelo y subsuelo públicos por la red eléctrica. Paralelamente, puso en marcha una investigación sobre irregularidades en el cobro a comunidades de vecinos y establecimientos comerciales de energía reactiva. Se trata de la energía parasitaria que consumen los aparatos (por ejemplo, un ascensor) por el mero hecho de estar conectados a la red, incluso cuando no se encuentran en actividad.

El concejal de Economía y Hacienda de Getafe, Antonio Alonso, opina ahora que "el resultado de la negociación ha merecido el esfuerzo que se ha realizado y ha conseguido una movilización unánime de los vecinos". El Ayuntamiento designó en 1983 una comisión negociadora con Iberduero, encabezada por Manuel Pereira, profesor de electricidad en un centro de formación profesional, y Moisés Cohen director de los servicios de Hacienda municipales, a la que se adherieron los municipios vecinos de Parla, Fuenlabrada, Leganés y Alcorcón. Los ayuntamientos estimaron que la compañía les facturaba en exceso el consumo de energía y, al mismo tiempo, liquidaba menos de lo debido por la tasa de utilización de terrenos públicos. Los ayuntamientos no recibían por la tasa el 1,5% de los ingresos brutos obtenidos por la empresa en cada término municipal que consideraban preceptivo, sino un canon fijo que en Getafe era de 5.500.000 pesetas en 1979, primer año al que se refería la reclamación municipal.

Los datos de facturación facilitados por la empresa, después de duras negociaciones, demostraron que la liquidación correcta de la tasa oscilaba en Getafe entre 35 y 40 millones de pesetas anuales. El análisis de la facturación, según Pereira, puso de relieve más irregularidades: la tarifa que se aplicaba al consumo de luz del Ayuntamiento no era la adecuada al suministro que prestaba la compañía, los recargos de energía reactiva estaban calculados de forma incorrecta y tampoco se aplicaba una bonificación de horas valle, que afecta a la energía consumida durante la noche, cuando la demanda es menor.

En función del acuerdo que se alcanzó con la compañía en julio del pasado año, Iberduero tuvo que abonar a los cinco Ayuntamientos litigantes 258 millones de pesetas en concepto de atrasos por la tasa de utilización de terrenos públicos. Al mismo tiempo, las corporaciones municipales vieron reducida en 313 millones de pesetas el monto de la deuda que, a su vez, mantenían con la compañía en concepto de consumos.

Los particulares, peor

Pese al acuerdo, la larga marcha no había finalizado. La siguiente etapa consistía en conseguir que la situación se normalizara para los usuarios particulares. "Pensamos", dice Alonso, "que si estas irregularidades las sufría el Ayuntamiento teniendo un equipo de expertos, la situación de los particulares, que en su mayoría desconocen el tema e incluso tienen dificultades para analizar un recibo de la luz, debía ser aún peor". Y de nuevo Getafe se convirtió en un moderno Fuenteovejuna frente a la compañía.

El Ayuntamiento convocó a finales de 1984 a la Asociación de Consumidores y Usuarios, a las distintas asociaciones de vecinos de la localidad y a representantes de la hostelería y el comercio. Todos ellos decidieron delegar en la corporación para que reiniciara negociaciones con Iberduero. La oficina de Servicios Generales del Ayuntamiento se encargó de canalizar las reclamaciones de los abonados, a los que se exigieron las fotocopias de los recibos. Sólo en la primera fase se recibieron 1.000 reclamaciones de comunidades de vecinos y al menos 700 de comercios y establecimientos de hostelería.

El alcalde de Getafe, el socialista Pedro Castro, opina que el resultado positivo de estas últimas reclamaciones ha servido para aumentar la credibilidad de las administraciones locales ante los vecinos. "Hemos demostrado", afirma Castro, "que los ayuntamientos sirven para algo más que cobrar impuestos, que es una opinión muy extendida entre los vecinos". Castro añade que "la batalla del recibo de la luz significa que los ayuntamientos hemos pasado a ser litigantes en la defensa de los intereses de los vecinos".

Todos los sábados, desde el pasado mes de febrero, una sala del Ayuntamiento acoge a los vecinos afectados. Por estricto orden y previa convocatoria de los responsables municipales, reciben un cheque con el dinero que Iberduero les ha cobrado de más por energía reactiva en los últimos cinco años. Hasta el momento se han entregado 55 millones de pesetas, que se convertirán en 75 millones al final del año.