Armadores gallegos califican de 'Piratería' el apresamiento de un pesquero en Canadá

La cooperativa de armadores de buques de pesca del puerto de Vigo dirigió un telex al presidente del Gobierno en el que se rechaza la versión de las autoridades canadienses sobre el apresamiento del buque pesquero Uralde-Urizar y se califica la acción como "acto de piratería sin precedentes en un Estado moderno".

Los armadores afirman que la única solución de este caso pasa por la inmediata liberación del buque y sus tripulantes, y piden al presidente del Gobierno que solicite la solidaridad de los otros miembros de la CEE. "De aceptarse este caso", subrayan, "supondría un precedente único muy peligroso que podría afectar a los intereses de otras flotas comunitarias".

Los armadores vigueses aseguran que este apresamiento, con asalto, abordaje y detención de los tripulantes esposados, no esconde más que el deseo de Canadá de extender su jurisdicción más allá de las 200 millas. "Eso no puede consertirlo España sopena de poner en grave riesgo la propia supervivencia de la flota pesquera y la dignidad de nuestro país".

Los armadores, que expresan "la ciega confianza en que el presidente y su Gobierno harán todo lo posible para defender los derechos de los buques españoles", afirman también que los patrones del barco apresado recibieron la orden de resistir "pero sin poner en riesgo las vidas y los buques".

Anuncian, además, medidas como solicitar al Gobierno español que se sume al boicot europeo al comercio de pieles de foca canadiense o reclamar el apoyo de la Armada española en los caladeros internacionales. Por el momento se ha dado ya orden de resistencia pasiva a los buques.

Regulación para el Peixe do mar

Por otra parte, ayer se conoció en Vigo la decisión de la sociedad anónima Peixe do mar de tramitar una regulación temporal de empleo para sus 18 trabajadores. La sociedad es la propietaria del pesquero del mismo nombre ametrallado por desconocidos durante la noche del pasado 13 de junio frente a las costas de Marruecos.Alvaro Iglesias, gerente de la sociedad, declaró que la solicitud de regulación era una medida cautelar en tanto la administración española ejecutaba las indemnizaciones a los marineros y se encargaba del pago de los trabajos de reparación del buque cifrados en 100 millones de pesetas. El barco se encuentra ahora en la Dársena de Bouzas (Vigo).

Iglesias, que insistió en que la situación del buque era legal a 13 millas de la costa marroquí en el momento del ataque, se entrevistará nuevamente la próxima semana con el secretario general de pesca, Miguel Oliver.