Martínez Torres, acusado de incumplir una orden de detención contra un miembro del Batallón Vasco Español

Jesús Martínez Torres manifestó ayer a este periódico que no recuerda exactamente los detalles del caso. "Pero puedo asegurar que desconocíamos dónde vivía Iturbide y le estuvimos buscando hasta que le detuvimos en marzo de l98l", añadió. El comisario general precisa, no obstante, que conocían el domicilio de Zabala, donde vivía también Iturbide. "Pero este último", precisó, "nunca fue localizado en esa vivienda".Ignacio María Iturbide fue detenido por primera vez en abril de 1978, después de unos incidentes en San Sebastián tras el asesinato de un sargento de la Guardia Civil, y, según una nota informativa del Gobierno Civil de Guipúzcoa de aquella fecha, se le implicaba en diversas actividades terroristas de extrema derecha que fueron reivindicadas por la Triple A, como incendios y tres voladuras de establecimientos y sedes de partidos políticos.

Las diligencias previas 77/78 abiertas por estas actividades presuntamente delictivas fueron posteriormente sobreseídas.

El Juzgado de Tolosa ordenó por el sumario 66/80 la búsqueda y captura de Ignacio María Iturbide por tenencia ilícita de armas con fecha 27 de octubre de 1980, según consta en notas de la Dirección de la Seguridad del Estado en todos los sumarios abiertos a Iturbide y por los que ha sido juzgado recientemente en la Audiencia Nacional.

Poco después de la detención, el gobernador civil de Guipúzcoa, Pedro Arístegui, y el entonces comisario de San Sebastián, Jesús Martínez Torres, hoy comisario general de Información, reconocieron a la Prensa (el 4 de marzo de 1981) que sabían dónde se encontraba Iturbide Alcaín y que había sido vigilado en algunas ocasiones, pero el propio Arístegui dijo a los periodistas que no fue capturado anteriormente por falta de pruebas, y calificó de prematura la detención, según recoge el escrito enviado.

Colaboración ciudadana

La detención de Iturbide fue precedida de presiones de partidos políticos y de la colaboración ciudadana, puesto que se trataba una persona cuya ideología y acciones eran perfectamente conocidas en San Sebastián. El diputado de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés solicitó al gobernador civil su detención.

Un escrito enviado a la Audiencia Nacional por el Ayuntamiento de San Sebastián, que se personó en la causa seguida contra los miembros del BVE, solicita que, al margen del fallo judicial pendiente contra los dos presuntos terroristas, se investiguen otros hechos y elementos que tienen relación con actividades delictivas o que constituyen pistas y permiten investigaciones.

El escrito recoge que tanto "el gobernador civil como el comisario jefe provincial de Guipúzcoa, si no procedieron a detener antes a los procesados, fue únicamente por considerar que no tenían suficientes pruebas para hacerlo y otras expresiones en análogo sentido". Según el escrito, "procede investigar la existencia de responsabilidad por omisión, negligencia inexcusable y temeraria y/o aplicación del artículo 359 del Código Penal". Asimismo, el escrito solicita "instruir las correspondientes diligencias a fin de determinar y depurar las responsabilidades en que incurrieron funcionarios y autoridades por el hecho de no haber procedido a la detención de los procesados principales en el momento y, fecha oportunos y no haber cumplido además la orden de busca y captura del Juzgado".