Canarias reclama el derecho a pronunciarse sobre la CEE antes que las Cortes españolas

CARMELO MARTÍN El presidente socialista del Parlamento de Canarias, Pedro Guerra, ha reclamado, mediante respectivos telegramas enviados al jefe del Gobierno español, Felipe González, y al titular del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces-Barba, el derecho constitucional y estatutario de la cámara regional a pronunciarse antes que las Cortes sobre las repercusiones en las islas del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE).

En el texto de los telegramas, Pedro Guerra muestra su inquietud y preocupación por el silencio del Gobierno y el Congreso de Diputados hacia el Parlamento autónomo.Asimismo, recuerda a ambas instituciones que aquel requisito, establecido en la disposición adicional tercera de la constitución y en el artículo 45 del estatuto de autonomía, debe ser cumplido previamente a la autorización por parte del Parlamento nacional del tratado de adhesión.

"Lo estrictamente jurídico es que las Cortes no admitan a trámite ni debatan el tema hasta tanto no se pida al Parlamento canario el informe preceptivo", declaró Guerra a EL PAIS el presidente del parlamento canario.

"No nos parece presentable que los diputados comiencen a discutir el proyecto de ley orgánica sobre el tratado de adhesión y luego soliciten nuestra opinión", indicó también.

El presidente del Parlamento regional, cuya intranquilidad surgió al conocer que este proyecto de ley pasaría de forma inmediata al Congreso, tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, ruega al presidente del Gobierno español, Felipe González, que adopte las medidas oportunas para que dicho texto sea remitido cuanto antes a Canarias.

Por otra parte, insta al presidente del Congreso de Diputados, Gregorio Peces-Barba, a no pasar por alto el compromiso constitucional con la Cámara canaria, una vez que el proyecto de ley llegue a la Mesa del Congreso.

Parlamento autónomo

El Parlamento autónomo del archipiélago deberá aprobar con los dos tercios de los votos de sus 60 miembros el informe sobre las condiciones de la adhesión para que el mismo sea favorable.

Se trata de un parecer cualificado, que otorgan la Constitución y el estatuto, al producirse una modificación de su régimen económico y fiscal.

Las islas, que son la única excepción en todo el tratado, al gozar de un estatuto especial, han sido siempre muy sensibles a las negociaciones para la incorporación a la CEE.

Miles de agricultores se manifestaron, al sentirse perjudicados en el acuerdo, y el Parlamento se ha reunido repetidas veces para debatir la cuestión.

"Tengo el propósito de crear una ponencia ad hoc formada por todos los grupos políticos, que elabore el dictamen, cuyo resultado, durante el Pleno que celebraremos entre el 1 y el 5 de julio, podrá ser favorable o no", señaló Guerra.