Los 'agujeros negros' de los recaudadores
Más de 500 millones de pesetas, 'desaparecidos' en 11 oficinas de cobro de tributos en dos años y medio
JESÚS DE LAS HERAS La cantidad presuntamente defraudada en al menos 11 oficinas de recaudación de impuestos municipales y del Estado y en una delegación regional del Gobierno (Andalucía) en los últimos dos años y me dio asciende a más de 500 millones de pesetas. Sólo dos de los su puestos responsables están en prisión, y los demás en paradero des conocido o en su domicilio habitual. Sólo se ha recuperado una parte del dinero defraudado durante este período.
La ola de fraudes en oficinas de recaudación de impuestos que nos invade desde hace dos años y medio ha dejado temblando varias arcas de fondos públicos. En opinión de expertos de la Administración "parece que a algunos recaudadores les ha entrado prisa por amasar fuertes sumas en poco tiempo, porque Ven que la reforma del sistema de recaudación de impuestos está al caer y se les va a acabar el chollo".El último posible fraude se ha descubierto en Madrid, a mediados del pasado mes de mayo, en la oficina del recaudador municipal Fermín Merino Rodríguez, de 62 años de edad, correspondiente a la zona de Ciudad Lineal. La malversación de fondos públicos alcanzaría los 97 millones de pesetas. El recaudador se presentó voluntariamente ante el juez y afirma que no se ha llevado el dinero. Según el Ayuntamiento, el agujero corresponde al último año. Según Merino, tiene que ser de varios años atrás, y ello reflejaría el fallo de las inspecciones anteriores y la falta de suficiente control municipal en el sistema recaudatorio. La autoridad judicial ha decretado la prisión incondicional de Merino, que ingresé en la cárcel de Carabanchel el pasado día 1.
Echemos la vista un poco atrás. Diciembre de 1982. Puerto de Santa María (Cádiz). Las autoridades municipales descubrieron que no estaban claras las cuentas del recaudador municipal Juan Luis Gómez Arcedo, quien había presentado su dimisión en el mes de agosto anterior, después de estar un año en tal cargo. Faltaban 22 millones de pesetas. La corporación municipal presentó denuncia contra el recaudador ante la autoridad judicial y ante el Tribunal de Cuentas del Estado.
Fuentes oficiales de este Ayuntamiento han manifestado ahora que Gómez Arcedo "era el delegado de una empresa de recaudación, OTIFSA, y tenía su domicilio en Madrid, donde se supone que vive en la actualidad", según informa Inés Alba. El presunto fraude se advirtió cuando una entidad bancaria remitió por error al Ayuntamiento el abono de un recibo que figuraba como impagado en las cuentas del recaudador.
Enero de 1984. Madrid. Las autoridades gubernativas de la Comunidad de Madrid denunciaron al recaudador del Estado de la zona de San Blas, Lorenzo Ruiz Ballester, ante la Audiencia Territorial y el Tribunal de Cuentas del Reino. Ruiz Ballester, de 50 años de edad, casado, había desaparecido el día 13 de diciembre de 1983. Un mes después se comprobaba un descubierto económico de 95 millones de pesetas en su oficina. Tres de sus hijos, que trabajan con él, indicaron que podía estar en Camerún, donde tenía negocios. Las irregularidades advertidas establecieron la responsabilidad de algunas sucursales bancarias con las que Ruiz Ballester operó de forma anómala pata levantar, sucesivamente, dinero y vuelo.
Escasa recuperación
Francisco Gil, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, indica que sólo se ha conseguido recuperar una tercera parte del dinero, lo correspondiente al capital que obtuvo Ruiz Ballester a través de cuentas corrientes a las que se trasvasaron indebidamente ingresos de los contribuyentes, y que fue abonado por los bancos en cuestión.
Marzo de 1984. Abanillá (Murcia). Las autoridades municipales se dieron cuenta a finales de mes de que Francisco Juan Pérez Molina estaba en paradero desconocido y de que en su oficina de recaudación no había rastro de dándé encontrar 18 millones de pesetas que se habían echado de menos al repasar las cuentas de los años 1980 a 1983. Sin embargo, llegaron a la convicción de que algo podía tener que ver con todo esto el hallazgo de 814.000 pesetas que hizo el alcalde socialista, José Luis Cutillas Rivera, de 32 años de edad, casi un año antes (en junio de 1983) en un arcón de la antesala de la alcaldía al tomar posesión de su cargo, sin que en aquel momento nadie acertara a explicar qué hacía un dinero como aquel en un sitio como ése.
Un año después el alcalde ha informado a este periódico que las Haves del arcón las tenía el depositario municipal, Esteban Lozano Marco, quien no conocía la procedencia de aquel dinero. El alcalde empezó a investigar los fondos municipales, lo que permitió dar con el descubierto citado. Y a Cutilla empezaron a De garle anómimas amenazas de muerte que aún son objeto de investigación policial.
Este recaudador, Pérez Molina llevaba también la recaudación de impuestos de otros dos pueblos alicantinos (Castalla, donde desaparecieron recibos por valor de 14 millones de pesetas, que no llegaron a ser cobrados; y Biar, donde se halló otro agujerito de unos tres millones de pesetas). Sobre Pérez Molina, que sigue en paradero desconocido, se cursaron denuncias ante la autoridad judicial y el Tribunal de Cuentas. Este tribunal tomó declaraciones, hace un mes, al alcalde de Abanilla y a otras autoridades de este municipio, cuyo Ayuntamiento ha municipalizado la recaudación,. "Pero estamos colapsados", dice el alcalde, "y vamos a tener que volver a sacar esta gestión a concurso".
Abril de 1984. Sevilla. No fue un recaudador, aunque tal vez se contagió del síndrome. El caso fue que el tesorero de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Juan Oliver, abandonó su silla en Sevilla sin que se sepa qué otra fue a ocupar. La Delegación del Gobierno en Andalucía, según se informó en su momento, ya había observado,
Los 'agujeros negros' de los recaudadores
desde octubre del año anterior, irregularidades en la cuenta corriente de la Delegación de Hacienda en el Banco de España, a través de la cual se ingresaba el dinero de la nómina de los funcionarios en sus respectivas cuentas corrientes. A finales de marzo el dinero no llegaba a los 53 funcionarios. Las autoridades ya no tuvieron ocasión de preguntarle por qué al habilitado.Según informa Carlos Funcia, las autoridades gubernativas comprobaron que Oliver tenía embargado su sueldo por orden de un juzgado sevillano en base a deudas de una empresa -al parecer de máquinas tragaperras- de la que era propietario, y se le requirió la documentación de su departamento para ser destituido. Oliver desapareció. En la actualidad pesa sobre él una orden de busca y captura y declaración de rebeldía por parte del juzgado de instrucción número 6.
Octubre de 1984. Gerona. Las autoridades municipales comprobaron en la oficina del recaudador municipal Pedro Galí Ferrer (que atendía también otros 15 municipios de esta provincia) un descubierto de 61 millones de pesetas, con lo que parecía confirmarse la sospecha que tenían desde varias semanas antes. Denunciaron el hecho ante el juzgado de instrucción número 2 y el Tribunal de Cuentas del Reino. También decidieron que el Ayuntamiento gestionase a partir de entonces la recaudación de sus impuestos.
Recibos particulares
Diciembre de 1984. Córdoba. El Ayuntamiento de esta ciudad se enteró a mediados de mes de que en la Intervención Municipal faltaban 36 millones de pesetas, así como otros 24 millones, cobrados ilegalmente a los contribuyentes en la oficina del recaudador, Antonio Linares Ibáñez, militante comunista.
Todavía no se ha dictado auto de procesamiento contra Linares, quien vive en un chalé embargado por el Ayuntamiento, según informa Francisco Luis Córdoba.
Enero de 1985. Cádiz. A la empresa Arthur Andersen se le había encargado en 1973 una auditoría sobre recaudación de impuestos. Y así saltó este caso: 126 millones de pesetas se estiman como esfumados en la oficina del recaudador Adolfo Gutiérrez de Garandilla desde 1977. Valores duplicados, bonificaciones y exenciones de impuestos sin conocimiento del equipo de gobierno, errores artiméticos, etcétera, arrojaron dicho saldo negativo. El recaudador fue destituido de sus funciones y se pasó al estudio de posibles acciones penales. Las autoridades gaditanas manifestaron que se habían cometido otras ¡regularidades semejantes en otros pueblos de la provincia de Cádiz, que siguen sin ser precisadas.
Adolfo Gutiérrez de Garandilla, sobre el que no pesa ninguna acusación formal todavía, vive en la actualidad en Conil, pueblo gaditano próximo a Chiclana, y sigue siendo el recaudador municipal de Villamartín, de la misma provincia, según informa Inés Alba. Adolfo Gutiérrez ejercía este cargo en Cádiz desde hace 15 años. El Ayuntamiento, paralelamente al sumario que instruye la autoridad judicial y a la investigación del Tribunal de Cuentas, abrió una investigación, que realiza el delegado municipal de Personal, para deteriminar las presuntas rsponsabilidades administrativas de otros posibles funcionarios implicados. Fuentes municipales señalan al respecto que aproximadamente dentro de una semana se conocerán los resultados. Asimismo se añade que numerosos municipios gaditanos han optado por encargar sus recaudaciones a un servicio creado al efecto en la Diputación Provincial de Cádíz.
Febrero de 1985. Sabadell (Barcelona). El recaudador del Estado en la zona, Luis Olivar Álvarez, es inhabilitado a perpetuidad por La Dirección General del Tesoro, informa Manuel Moreno. En 1984, una denuncia extendida por la Diputación de Barcelona revelaba la defraudación de 50 millones de pesetas. También fue destituido en su cargo -de confianza- el subjefe de zona, Luis Espinosa, aunque continuó como auxiliar de recaudación.
Mayo de 1985. Alcalá la Real (Jaén). La Hacienda municipal intentó retener dinero a la empresa Condepols, de fabricación de fibras sintéticas, por tenerla fichada como morosa en sus débitos de impuestos. La empresa contestó que no era correcto, que había pagado un millón de pesetas mensuales al recaudador Miguel Dabán Juan, de 45 años de edad. Y así se supo que Dabán no ingresaba todo lo que recaudaba. Dabán le daba al contribuyente un recibo particular a cambio del pago y conservaba el recibo oficial -como impagado- para enseñárselo al Ayuntamiento. Se hizo una inspección: de su oficina recaudatoria faltaba la cantidad de 30 millones de pesetas. Puesto a disposición de la autoridad judicial, quedó en libertad provisional bajo fianza de 100.000 pesetas y, según la última información de Javier Fuentes, ingresó en la prisión de Jaén el pasado día 4 por orden judicial.
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