El Gobierno pondrá en marcha en breve tribunales arbitrales para la defensa del consumidor

El Instituto Nacional del Consumo pondrá en marcha próximamente los tribunales arbitrales para defensa del consumidor, según anunció César Braña, director de este instituto, que depende del Ministerio de Sanidad y Consumo, en los encuentros que se inauguraron ayer en el Lazareto de Mahón sobre Consumo y farmacia.

Los tribunales arbitrales, previstos en la Ley General de Consumidores y Usuarios, constituirán un sistema, nuevo en España, pero con una experiencia positiva en Estados Unidos y en Europa, para dirimir de forma voluntaria los conflictos que se planteen entre los consumidores, los fabricantes y los establecimientos de productos como consecuencia de posibles fraudes o mala calidad de dichos productos.El recurso ante los tribunales arbitrales tendrá carácter voluntario por ambas partes, pero, una vez que éstas hayan decidido admitir la mediación de estos tribunales especiales, la sentencia tendrá carácter ejecutivo.

Con esta medida, que podría hacerse realidad en el plazo de dos años, se pretende, según César Braña, poner a disposición de los consumidores un instrumento de defensa más rápido y asequible que las actuales vías jurídicas. El recurso a los tribunales ordinarios queda abierto, no obstante, a aquellos consumidores que no quieran utilizar los tribunales arbitrales.

El proyecto del Instituto Nacional del Consumo prevé la posibilidad de establecer, por una parte, tribunales arbitrales establecidos por sectores y, por la otra, tribunales locales, regionales y autonómicos. De esta forma los ciudadanos podrán resolver por sectores, en materia de consumo, por ejemplo, con las compañías de seguros, reclamaciones de hasta un millón de pesetas. El tipo de reclamaciones podrá ser múltiple: desde la protesta o exigencia de responsabilidad por haber recibido una prenda deteriorada en una tintorería hasta la reclamación por pérdida de maletas o enseres en los transportes públicos.

Conciliación previa

En la actualidad, la mayor parte de las reclamaciones en materia de consumo se resuelven por la vía de la conciliación previa al recurso ante las jurisdicciones ordinarias. El Instituto Nacional del Consumo registra al año 300.000 reclamaciones. La mayor parte -el 60%- se refiere a supuestos fraudes en la compra o el arrendamiento de viviendas. Este baremo ha cambiado sustancialmente en los últimos años, puesto que tan sólo hace dos años el 80% de reclamaciones se refería al mundo de la alimentación, mientras que ahora predominan las denuncias relacionadas con la habitabilidad de las viviendas.La sensible disminución de protestas por fraude alimentario se debe, según el director del Instituto Nacional del Consumo, entre otras razones, a que el ciudadano es más consciente de otros problemas no relacionados directamente con las alimentación, pero de importancia para la vida cotidiana.

César Braña anunció que el Ministerio de Sanidad y Consumo ayudará a potenciar esta nueva conciencia de los consumidores con una nueva campaña de orientación al consumidor español, prevista para el próximo año, con vistas a la plena integración en los circuitos y sistemas de la CEE.