Las fuerzas sociales discuten en Italia si habrá referéndum sobre la escala móvil

La posibilidad de que el 9 de junio los italianos tengan que volver a las urnas, convocados para votar en el referéndum sobre la escala móvil -mecanismo mediante el cual se revisan automáticamente cada dos meses los aumentos salariales según el índice de la inflación-, ha provocado reuniones maratonianas entre las fuerzas políticas, el empresariado y los sindicatos. La decisión sobre si habrá o no consulta popular se dilucidará probablemente mañana.

Se trata del referéndum promovido por el partido comunista contra el decreto del Gobierno de Bettino Craxi del 14 de febrero del año pasado, con el que se recortó en cuatro puntos la escala móvil. La repercusión concreta de aquel decreto fue la disminución de 2.000 pesetas netas en los sueldos.El Gobierno justificó esta medida tan impopular afirmando que era el único modo de poder contener la inflación y que, en definitiva, los trabajadores habrían recuperado con la disminución de la inflación lo que se les quitaba por decreto.

Pero en aquella ocasión hubo mucha tensión política porque el decreto se aprobó contra la voluntad de una parte de los sindicatos, concretamente contra los comunistas de CGIL, el gremio sindical más numeroso de este país, mientras los socialistas de dicho sindicato rompieron la unidad del gremio para ponerse de la parte del Gobierno.

Estaba aún en vida Enrico Berlinguer. Era el momento de mayor fricción entre el partido comunista y el Gobierno Craxi, al que el líder comunista había calificado de "el peor de esta República". Y fue Berlinguer quien decidió promover el referéndum para anular el decreto del Gobierno. Fallecido Berlinguer, el PCI se sintió en la obligación de llevar adelante la iniciativa.

Hubo quien intentó anularlo como anticonstitucional, pero el Tribunal Supremo lo consideró legítimo. Desde entonces ha estado en marcha una febril actividad a todos los niveles para buscar una solución que no dividiera en dos al país, a los trabajadores y al propio sindicato. Pero el tiempo se ha echado encima sin que se haya logrado encontrar una salida. En el fondo posiblemente nadie quiera hoy hacer este referéndum, ni los mismos comunistas.

En las últimas 48 horas, el ministro de Trabajo, el socialista Gianni de Micheles, ha estado casi continuamente reunido con el empresariado, con los sindicatos y con el Gobierno, en mesas separadas, para buscar una solución. También se ha reunido el pleno de los empresarios privados, con Gianni Agnelli en primera fila. Y los sindicatos, por su cuenta. Lo único que se ha decidido por el momento es que, si mañana por la noche se ha encontrado un remedio, el referéndum se hará. Pero será otra batalla campal. Porque dentro del Gobierno no todos,los partidos están de acuerdo en cómo proceder.

Craxi, de acuerdo con los radicales y con el sindicato democristiano CISL, ha propuesto, aconsejar a los ciudadanos que no acudan a las urnas para que no pueda alcanzarse el porcentaje de votantes necesario para la validez de la consulta, mientras los democristianos y republicanos, dentro del mismo Gobierno, prefieren que se vote en contra, pero que se vote.

Sólo un milagro podría conseguir que en 24 horas se llegase a un acuerdo para una revisión total de la política salarial capaz de evitar el referéndum. El ministro De Micheles creía ayer aún en dicho milagro. Los comunistas dudan ya de la posibilidad de evitarlo, aunque para ellos el referéndum se ha convertido en un arma de dos filos: si lo ganan, podría ser una revancha al fracaso de las últimas elecciones; pero, si lo pierden, dos reveses en un mes podrían serles políticamente nefastos.

Para ellos, el referéndum es, sin embargo, algo más que la posibilidad de anular un decreto del Gobierno Craxi: se trata, dicen, de obligar al Gobierno a cambiar radicalmente la política económica y salarial.