Boyer anuncia medidas para que la aplicacion del IVA no eleve los precios mas del 2%

El Gobierno tomará medidas de control de precios y del dinero para impedir que el impuesto sobre el valor añadido (IVA) incremente en más de dos puntos la inflación al comienzo del próximo año. Así lo anunció ayer el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, ante el Pleno del Congreso de los Diputados, que rechazó por 176 votos contra 71 el intento de devolver dicho texto al Ejecutivo, protagonizado por la oposición conservadora. Los grupos popular y centrista opinaron que la inflación se elevará un 4% o 5% adicional, porque Hacienda aprovechará el cambio para aumentar sus ingresos.

Al presentar el IVA a este primer debate en el Congreso, que en las próximas semanas estudiará los tres centenares largos de enmiendas formuladas por los distintos grupos, Miguel Boyer se anticipó a los cuatro grandes ejes de críticas de la oposición: que el IVA no sirva para bajar cuotas de la Seguridad Social, que Hacienda lo aproveche para aumentar su recaudación respecto a la veintena de impuestos sustituidos por el nuevo, que el proyecto de ley se remita en 62 ocasiones a su desarrollo reglamentario y por decreto (sin intervención del Parlamento), y que no se hayan anunciado medidas para impedir que los precios se disparen.Sin embargo, el Grupo Popular mantuvo su petición de que el proyecto fuera devuelto al Gobierno. La propuesta, en cuya defensa la oposición conservadora no reconoció el intento denunciado por Boyer de retrasar el IVA y formulado a título particular antes de este pleno por un diputado del Grupo Popular, careció del apoyo de los otros grupos de oposición, que también criticaron con parecidos argumentos el texto del Ejecutivo: el centrista y la Minoría Catalana.

Frente a las estimaciones de que el IVA recaudará más de dos billones de pesetas efectuadas hasta hace varios meses por la propia Hacienda y mantenidas por la patronal CEOE en el proceso de consultas- del anteproyecto-, el ministro señaló que los ingresos serán de 1.560.000 millones de pesetas, equivalentes al 5,3% del producto interior bruto, frente al 6,4% en la CEE. Basó la primera cifra en que no es "razonable" pensar que desde el primer año de aplicación baje el nivel de fraude detectado hasta ahora en los impuestos indirectos o sobre el consumo (superior al 30% de los ingresos). Entre otros argumentos, citó el hecho de que el número de contribuyentes (empleó esta palabra, aunque lo correcto sería decir recaudadores del impuesto entre los consumidores) pasará de 700.000 a 2.000.000, principalmente por la incorporación de unos 400.000 comerciantes minoristas.

No obstante, calificó el IVA como "una vía abierta" a la financiación de la Seguridad Social en años posteriores, mediante los frutos de la mejora de gestión o de la subida de tipos. El proyecto del Gobierno fija un 6% para los productos de primera necesidad, un 12% general y un 33% para los consumos de lujo, y desaconseja subir cualquiera de ellos en 1986 por el impacto inflacionista que tendría.

Distribución de las cargas

Boyer insistió en que el efecto sobre los precios no vendrá de una mayor recaudación, sino de que el IVA redistribuirá la actual carga. "Creemos que esas conductas estarán limitadas", dijo el ministro. "Esperamos que la repercusión del IVA en los precios españoles no supere los dos puntos, y, en cualquier caso",afirmó Boyer,"sería una repercusión en un instante dado de tiempo".Igualmente, al comentar el impacto en el comercio exterior, afirmó que el IVA "no pondrá en grave riesgo" a ningún sector por sustituir los impuestos a la importación y la desgravación fiscal a la exportación.

Para compensar la baja de ingresos en otras administraciones públicas, Boyer anunció conversaciones para elevar los porcentajes de participación de las comunidades autónomas de régimen común en los ingresos del Estado o renegociar el concierto y el cupo con el País Vasco y Navarra. Admitió la posibilidad de leyes especiales para ceder la gestión del impuesto y consideró equivocada su cesión en fase minorista. En cuanto a las diputaciones, la supresión de sus recargos sobre el tráfico de empresas, los tributos especiales de fabricación y el canon de energía eléctrica será compensada desde los Presupuestos de 1986 con una dotación equivalente.