Las dificultades del referéndum

EL ANUNCIO de que el Gobierno sólo se considerará "vinculado rmoralmente" por los resultados del referéndum consultivo sobre la Alianza Atlántica si los votos negativos o la participación ciudadana alcanzaran un elevado porcentaje ha suscitado reacciones irritadas o irónicas, en cualquier caso negativas, de los principales partidos de la oposición. Como ya es casi habitual en el presidente del Gobierno, el dato, tan importante para la política española, no se dio a conocer en una declaración oficial, sino en una charla informal de Felipe González con los periodistas mientras viajaba hacia Suecia. Luego ha sido ratificado en unas declaraciones con las que, paradójicamente, intentaba matizar el alcance de su afirmación, señalando que "no hay nada decidido" y que lo dicho en el avión "fue una simple reflexión", reflexión que, no obstante, repetiría minutos después.El irregular procedimiento elegido para hacer pública esa propuesta quizá haya contribuido a la acritud y destemplanza de las respuestas dadas por algunos portavoces -políticos. Ignoramos si el presidente del Gobierno había discutido o negociado con los representantes de los grupos parlamentarios, en su rueda de conversaciones sobre el decálogo para la permanencia en la OTAN, la eventualidad de esta fórmula. Si no lo hizo, a nadie le debe sorprender que los afectados se sientan molestos al enterarse por la Prensa de la novedad.

En cuanto al fondo de la cuestión, la referencia al referéndum previsto por el artículo 151 de la Constitución, que exigiría "el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia" para que prosperase la iniciativa autonómica en una región, no es afortunada. Esa modalidad de referéndum, agotada tras la fijación del mapa autonómico, fue creada para un supuesto específico y tenía carácter vinculante. La ley sobre Regulación de las Distintas Modalidades de Referéndum, promulgada el 18 de enero de 1980, no aplicó -pudiéndolo hacer- a ninguna otra variante de consulta popular ese duro requisito de la aprobación popular por más del 50% del censo electoral.

En el terreno específicamente político, el programa electoral del PSOE de 1982 hubiera podido incluir un condicionamiento referido a los niveles de participación o de aprobación que el futuro Gobierno socialista consideraría necesarios para dar carácter vinculante a su consulta sobre la OTAN. Pero los socialistas se presentaron a las elecciones sin otro compromiso que convocar ese referéndum "para que sea el pueblo español el que decida acerca de nuestra pertenencia a la OTAN". En sus prolijas alusiones -a lo largo de la presente legislatura- a dicho referéndum, Felipe González tampoco había hecho nunca mención (ni siquiera en el debate sobre el estado de la nación) a ese requisito ahora anunciado. No debe perderse de vista, pues, que lo que el presidente del Gobierno sugiere ahora no es fruto de un planteamiento sustantivo sobre el valor real de la consulta, sino de probables temores sobre un resultado adverso de la misma cara a las pretensiones del Gobierno.

En efecto, es de suponer que el factor decisivo para ese viraje ha sido la persistencia con que los sondeos siguen registrando una opinión mayoritariamente favorable a la salida de España de la OTAN. Ni la certidumbre de nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea ni los abiertos pronunciamientos -desde el pasado mes de octubre- del presidente del Gobierno en pro de la permanencia en la Alianza Atlántica, ni las promesas blandas de una reducción de las bases o las tropas americanas en nuestro país han supuesto cambios esenciales en la actitud de la opinión pública. Las actitudes abstencionistas ante el referéndum esbozadas por cualificados sectores de la derecha -en especial el Partido Demócrata Popular, coligado con Alianza Popular-, la capacidad movilizadora de las consignas anti-, OTAN (espectacularmente puestas de relieve con motivo de la visita a Madrid del presidente Reagan) y la división interna de sectores de su propio partido permiten explicar el significado del anuncio realizado por Felipe González durante su vuelo a Suecia.

Cabe imaginar que el presidente del Gobierno, convencido hasta ahora de que su popularidad personal, capacidad de comunicación y autoridad moral bastarían para invertir el signo de la opinión dominante sobre la OTAN, sospecha que las resistencias son mucho más vigorosas que su propia voluntad. Dos años y medio de ambigüedad calculada han sumido a la sociedad española en la perplejidad y el desconcierto. Durante este período, el Gobierno ni siquiera ha proporcionado a los ciudadanos la información, el debate y los elementos de juicio necesarios para posibilitar, al menos, un debate sereno y en profundidad sobre la cuestión. Rara vez el tiempo perdido puede ser recuperado en política. Y rara vez una sociedad madura puede cambiar de opinión, de la noche a la mañana, respecto a cuestiones como ésta, sólo porque un presidente de Gobierno lo pida bajo palabra de honor.

¿Qué caminos le quedan abiertos, entonces, a un Gobiemo que ha resuelto ya, con el apoyo de la oposición conservadora y con un desahogado respaldo parlamentario, la permanencia en la Alianza? La exigencia de una mayoría cualificada de participación o de aprobación en el referéndum ha recibido, nada más ser pronunciada, el rechazo de las demás fuerzas políticas, pero también el de la lógica cartesiana. Un referéndum es un referéndum y no un juguete. Es la facultad del Gobierno convocarlo o no. Lo que resulta impresentable es advertir a los consultados que de no agradar la respuesta no se hará caso de ella. Y, por otra parte, si no existe consenso sobre la modalidad de referéndum propuesta por Felipe González, una consulta sobre la OTAN realizada en tales términos de discordia y controversia puede generar una crisis política aún mayor que la pérdida de la consulta por el Gobierno. En tal caso, éste no tendría más salida que disolver las Cortes Generales y convocar elecciones anticipadas a finales de 1985 o comienzos de 1986. Un final bastante caótico, si bien se mira, toda vez que el PSOE recibió 10 millones de votos y la mayoría parlamentaria.