La libertad para invertir en España será tan amplia como en EE UU, aunque protegerá a 12 sectores

La libertad para invertir en España, ante la que seguirán protegidos una docena de sectores, será tan amplia como en Estados Unidos. Así lo ha indicado uno de los redactores del decreto liberalizador, anunciado ahora para dentro de una semana. Las entradas de capital sólo necesitarán ser comunicadas a la Administración y esperar 30 días, en línea con los objetivos del decreto-ley de medidas de política económica. Éste será convalidado hoy por el Congreso de los Diputados, tras un debate en el que el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, aprovechará para exponer los últimos datos sobre la situación económica.

El debate se desarrolla una semana después de la entrada en vigor del decreto-ley que introduce cambios legales para animar el consumo privado, la inversión y el empleo. Del conjunto de medidas anunciadas por Boyer hace más de un mes, calificadas por la oposición conservadora como positivas pero insuficientes, han aparecido el citado decreto-ley y la baja de retenciones fiscales. Faltan por concretarse las relativas a inversiones extranjeras y públicas, la bonificación del 50% en la Seguridad Social por contratar menores de 26 años y parados, y las reducciones de gasto público por más de 70.000 millones de pesetas que compensen parte del coste de este paquete.El decreto ley, cuya urgente necesidad será reconocida hoy por el Congreso, se refería en su preámbulo a liberalización de inversiones extranjeras "provenientes de los países miembros de la CEE", según el texto aparecido en el Boletín Oficial del Estado. Pero el nuevo decreto pendiente del dictamen del Consejo de Estado liberaliza todas por igual, procedan de donde procedan, y se destinen a inmuebles, carteras bursátiles o empresas directamente.

El preámbulo correspondía, por error, al proyecto de decreto ley, no al texto más liberal aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de abril, según fuentes gubernamentales. De hecho, en el articulado del decreto ley, al quitar las trabas administrativas para la compra de bienes rústicos por no residentes y para las inversiones de instituciones públicas extranjeras, no apareció la distinción entre países de procedencia.

Ahora, el decreto que complementará este decreto ley liberaliza casi todas las inversiones. No fue incluido en éste, según las fuentes consultadas, porque la vigente ley de inversiones extranjeras autoriza al Gobierno a facilitar todas las que no afecten a los sectores especiales protegidos por el texto refundido de 1974, para los que otras leyes específicas ya establecieron reserva (ley de minas, ley de prensa e imprenta, etcétera).

Sectores protegidos

La nueva disposición, cuya entrada en vigor esta prevista para dentro de una semana, suprime toda cantidad a partir de la cual las inversiones necesitaban ser aprobadas por el Consejo de Ministros. Boyer anunció en principio que elevaría de 25 o 50 millones hasta 500, según los casos, dicho requisito. No obstante, el decreto contiene una cláusula de salvaguardia para que, excepcionalmente, y ante la cuantía o presunción de que el proyecto inversor no esté de acuerdo con los objetivos de la economía nacional, el Gobierno pueda ejercer su derecho de autorización.Cualquier inversión procedente del extranjero que no vaya dirigida a los citados sectores especiales, únicamente deberá ser comunicada por sus promotores a la Administración y esperar 30 días para ejecutarla. Desde entonces tendrá la consideración jurídica de aprobado por silencio administrativo positivo.

Los controles vigentes hasta ahora sólo se aplicarán a las empresas de defensa, minería, editoras, bancarias, aseguradoras, navieras, de investigación y extracción de hidrocarburos, transporte aéreo, agua, emisoras locales de radiodifusión y agencias informativas de prensa.

Con todo, según los redactores de la nueva normativa, España quedará así equiparada a Estados Unidos, actual ejemplo de liberalización, o al Reino Unido y la República Federal de Alemania. Para comparar, citaron como ejemplo que los EE UU mantienen protegidos los sectores de agricultura, pesca, banca, energía atómica, radiotelevisión, oleoductos y prospecciones de petróleo, entre otros.