Los embargos a damnificados por las inundaciones de 1982 reavivan la polémica de ayudas

La Tesorería General del Estado ha dictado orden de embargo contra cuatro agricultores de la comarca valenciana de La Ribera por impago de los intereses correspondientes a préstamos del Banco de Crédito Agrícola para paliar los daños por las inundaciones de 1982. Ello ha reavivado la polémica entre la Administración y los damnificados sobre la forma de concesión de las ayudas. El presidente de la Asociación de Afectados por las Inundaciones de Valencia (Afiva), Xavier Sierra, anunció a este periódico que las órdenes de embargo serán recurridas ante los tribunales para evitar los efectos que sobre las economías de los afectados tendría la ejecución de estas drásticas medidas.

Los anuncios de embargo recibidos hasta ahora han creado un clima de tensión y temor entre los afectados que ven actuar a la maquinaria judicial, sin que la Administración atienda a sus planteamientos, al margen de consideraciones estrictamente jurídicas.La asociación celebrará, en relación con los embargos, su primera asamblea desde hace medio año en la plaza Mayor de Alzira esta misma tarde (lunes 13).

Por su parte, el delegado del Gobierno en Valencia, Eugenio Burriel, ha manifestado que los embargos corresponden a impagos de intereses, que se han dado en poquísimos casos entre los beneficiados por los préstamos oficiales, y que la Administración no puede actuar de otra manera.

Se da la circunstancia de que los embargos se producen poco después de que el Gobierno haya aprobado la concesión de una moratoria para ampliar en dos el período de carencia para los beneficiarios de créditos oficiales que hayan resultado afectados también por las inundaciones de 1983 y las heladas de principios de este año.

En una extensa nota difundida por la Delegación del Gobierno se puntualiza que la moratoria "no afecta al pago de los intereses, lo cual no se ha planteado ni por los agricultores ni por la Administración", sino exclusivamente a la devolución de la cantidad prestada, que comienza una vez concluido el período de carencia.

Moratorias a los créditos

Se añade que, "dado que hasta el mes de octubre no hay que empezar la devolución del principal, el presunto impago de estos cuatro agricultores, que motivaría el embargo, no se ve en absoluto afectado porque no se haya aplicado aún la moratoria concedida".La Delegación del Gobierno ha anunciado igualmente que remitirá "en los próximos días a los ayuntamientos interesados" una circular con las instrucciones para que los mismos se puedan acoger a la moratoria del período de carencia. En la nota se precisa que "entre las condiciones que figuran para solicitarlo consta el estar al corriente del pago de los intereses"'.

La nota oficial señala que el total de titulares de préstamos del Banco de Crédito Agrícola en la provincia de Valencia en relación con las inundaciones de 1982 asciende a 11.679, de entre los cuales sólo en cuatro casos se han producido impagos y, por tanto, órdenes de embargo.

En las zonas afectadas por las inundaciones de 1982 "los impagados son una minoría escasísima, prácticamente irrelevante: sólo 115 en el conjunto de las provincias de Valencia, Alicante, Murcia y Albacete, sobre un total de 18.149 créditos concedidos, es decir, el 0,6%".

Las asociaciones de afectados han venido reivindicando que se congele la devolución de los préstamos hasta que haya sentencia sobre la rotura de la presa de Tous, puesto que del procedimiento judicial que está en marcha se puede derivar responsabilidad criminal y se fijarán entonces indemnizaciones de la Administración a los afectados.

Devolver préstamos

El Gobierno siempre se ha opuesto a esta posibilidad por entender que la devolución de los préstamos, que ya se concedieron con grandes facilidades, está al margen de lo que los tribunales dictaminen en su momento.En la actualidad, el sumario de Tous se encuentra en el Juzgado de Instrucción de Játiva, pendiente de que se dicte un nuevo auto de conclusión.

La Audiencia rechazó el anterior dictado por el juez por entender que no era formalmente correcto. Se espera que la vista oral se realice antes de que finalice este año.