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El nuevo modelo policial que propugna la Generalitat obtiene un amplio consenso

La propuesta de nuevo modelo policial formulada por el conseller de Gobernación de la Generalitat, Maciá Alavedra, en el Parlamento catalán (véase EL PAIS de ayer) ha recibido un amplio consenso en Cataluña. Todas las minorías parlamentarias, así como la Federación de Municipios de Cataluña, coinciden en las líneas maestras del proyecto, que supone adecuar el modelo policial español al mandato constitucional: desmilitarización, autonomía municipal y Estado de las autonomías.El modelo policial defendido por el responsable del Departamento de Gobernación parte del principio de que la seguridad pública es una responsabilidad compartida por las administraciones local, autonómica y estatal. "No se puede afirmar que se hayan producido grandes modificaciones en el sistema de seguridad pública. Nuestra organización policial todavía se distingue por unos niveles elevados de centralismo y militarización", afirma Alavedra.

La nueva estructura policial debería basarse en una policía local

que, en los municipios con población y recursos financieros suficientes, ejerciera un servicio policial básico pero completo: el que

ejercen comúnmente en la actualidad los Cuerpos y Fuerzas de Se

guridad del Estado. Los municipios pequeños podrían mancomunarse para constituir una policía supramunicipal.

En aquellos municipios que no puedan asumir, ni directamente ni a través de fórmulas mancomunadas, la prestación de ese servicio policial básico, éste sería asumido por la policía autonómica, que intervendría asimismo cuando la policía local se viera desbordada en su capacidad, tanto técnica como de efectivos humanos.

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Las fuerzas de policía de ámbito estatal asumirían, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía, los servicios de carácter supra y extracomunitarios, como son la vigilancia de puertos y aeropuertos, costas, fronteras, aduanas, pasaportes, etcétera.

El conseller anunció para Cataluña varias iniciativas inmediatas que se- enmarcan en ese modelo: una red de comunicaciones entre policías locales y entre éstas y la autonómica; un laboratorio de policía científica; una escuela de policía de Cataluña y la creación de unidades de intervención especializada en los Mossos d'Esquadra.

La Generalitat debería asumir la máxima responsabilidad en relación con la seguridad pública en Cataluña, ejerciéndola en un doble nivel: la promulgación de leyes por el Parlament y la acción coordinada por el Departamento de Gobernación de las actuaciones del conjunto de fuerzas existentes en Cataluña; para ello debería crearse una comisión de seguridad ciudadana de Cataluña, presidida por el conseller de Gobernación, y en la que estarían representados los ayuntamientos y la Administración del Estado.

A la Administración central le -correspondería la responsabilidad de establecer un marco general que integrara las diversas acciones locales, en un único esfuerzo para combatir la delincuencia de ámbito estatal e internacional. Esta función se ejercería a través de una comisión estatal de seguridad ciudadana, presidida por el ministro del Interior.

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