El saneamiento de cinco cajas rurales en crisis exige 14.000 millones de pesetas

La comisión interministerial que estudia la situación de las cajas rurales ha aprobado los planes de saneamiento de las cajas rurales de Cádiz, Salamanca, Tarragona, Pirineo y Gerona con unas ayudas que superan los 14.000 millones de pesetas. Estas cajas, en conjunto, presentan unas pérdidas aproximadas de 6.000 millones de pesetas. Otras cajas rurales -alrededor de un decena- están siendo estudiadas en la actualidad para plantear su reflotamiento.

El Banco de España tendrá que elevar un informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos a partir del cual este organismo dará la aprobación definitiva. Las cinco cajas rurales cuyo saneamiento ha sido aprobado por la comisión interministerial presentan unas pérdidas bastante elevadas para su tamaño y exigen, para su reflotamiento, unas ayudas que se consideran en algunos medios como muy fuertes y sin que se garantice claramente que con el plan se entrará en rentabilidad en el momento previsto. La Caja Rural de Cádiz, intervenida desde el verano pasado, presenta pérdidas por valor de 1.812 millones de pesetas; la de Salamanca tiene 426 millones de pérdidas; la de Tarragona. 2.687 millones y las del Pirineo y Gerona 377 y 628 millones de pesetas, respectivamente.El plan de saneamiento propuesto por el Banco de Crédito Agrícola prevé ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito (FGD) en forma de créditos a largo plazo y a nulo tipo de interés por valor de casi 11.000 millones de pesetas, y créditos al 8% de tipo de interés del fondo del consorcio de cajas rurales por valor de 3.200 millones de pesetas.

Elevar la rentabilidad

Con estas ayudas se espera que las cajas rurales obtengan anualmente una rentabilidad media del 12% para los recursos procedentes del fondo de garantía y del 4%-5% para los del consorcio. El plan de saneamiento estima crecimientos muy fuertes de los recursos ajenos de las cajas en saneamiento, un abaratamiento de los mismos y un mantenimiento de la rentabilidad media superior al 15% para la inversión libre. Al tiempo, el ajuste de plantillas que se propone tiene que representar una disminución entre el 5% y el 10% de los gastos de personal en 1985 y una congelación de los mismos durante los años siguientes.La viabilidad del plan de saneamiento propuesto es puesta en cuestión en medios de la Administración que la consideran demasiado optimista en cuanto a resultados y que podría parecerse demasiado a lo que está pasando en las 18 cajas rurales que llevan en la actualidad cerca de un año poniéndolo en práctica.

Por su parte, las organizaciones sindicales consideran que se está haciendo recaer el esfuerzo básico en la contención de los gastos de personal, con congelación salarial y reducción de las plantillas, aunque respecto a este último aspecto consideran que la mayoría de las bajas producidas hasta ahora están justificadas, ya que se trataba en buena parte de ellas de contrataciones por relaciones familiares y no por su valía o por necesidad de las cajas rurales.

En cualquier caso, uno de los principales problemas que plantean tanto los sindicatos como algunos expertos de la Administración es que mientras que en el caso de bancos en crisis la primera medida que se tomaba para poner en marcha el saneamiento era la destitución de los ejecutivos y de los órganos de control, en el caso de las cajas rurales que están en proceso de reflotarniento no se han producido todos los cambios que deberían y que, en muchas ocasiones, continúan en sus puestos responsables anteriores.