Policías o soldados

EL MINISTERIO del Interior y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han vuelto a enfrentarse por mor de la normativa militar a la que se encuentran sujetos los agentes. La Policía Armada -fundación franquista heredera de los Guardias de Asalto de la República- fue transformada en tiempos de Unión de Centro Democrático en lo que hoy se conoce por Policía Nacional. Fue un cambio anterior a la llegada de los socialistas, pero sólo de fachada, ya que lo que hizo aquel Gobierno fue sustituir los viejos uniformes de los grises por la boina y el traje crema.Sin embargo, dentro de la Policía Nacional continuaron los mandos militares, a pesar de que se creara una academia de oficiales, con sede en El Escorial, a la que tenían acceso, tras dos años en la Academia General Militar, los cadetes de Zaragoza que quisieran elegir este cuerpo, lo que dio lugar a una escuela, aunque parcial, de mandos propios. Era un descafeinamiento en la vieja tradición del mando militar en esta policía uniformada, a la que tenían acceso en tiempos de Franco jóvenes tenientes y capitanes de infantería y caballería.

Los propósitos de cambio policial del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el auge del sindicalismo en el Cuerpo Superior de Policía animaron a los policías nacionales a solicitar un equiparamiento con sus compañeros del Cuerpo Superior en cuestión de libertades sindicales, pero se toparon con unos férreos mandos con mentalidad castrense y con un concepto muy particular de la disciplina. La actitud titubeante del Ministerio del Interior y su timidez a la hora de aprobar la denominada ley de Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, sobre la que han de sentarse las bases de la pretendida unificación del Cuerpo, Superior de Policía y el Cuerpo de Policía Nacional (en un mismo colectivo donde convivan funcionarios de paisano y de uniforme), provocaron las primeras reacciones.

Se creó así el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que empezó operando en la clandestinidad, y que tuvo que vencer enormes resistencias frente al Ministerio del Interior -a veces con mediadores del PSOE, como si el ministro responsable no perteneciera a ese partido antes de ser legalizado. Esta legalización del SUP y de otros colectivos sindicales de similar corte no ha bastado para encauzar el diálogo, y la tensión surgida entre los policías y el ministerio degeneró en protestas como la de marzo pasado, con tensiones entre mandos y efectivos de la III Compañía de la Reserva General de León, que fue disuelta, y la destitución y vuelta al Ejército de varios jefes militares, entre ellos el entonces jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, teniente coronel David Cervera. Hay que decir que resulta incomprensible que una petición razonable y legítima como la de los policías de ser desmilitarizados encuentre tantas resistencias por parte de un Gobierno como éste. Sólo presiones de signo militar o una falta de control del mando por parte de la autoridad política pueden explicar tanta torpeza. La destitución de los mandos en aquella ocasión fue un signo de racionalidad del poder, pero no se ha visto seguido de las medidas lógicas encaminadas a dar respuesta al problema de fondo.

Un mes después de los hechos relatados vuelven los conflictos al seno de la policía, pero ya no se centran en una compañía o en un acuartelamiento concretos, sino en prácticamente todas las unidades de España. Los policías piden que deje de aplicarse el Código de Justicia Militar, y el ministerio responde que mantendrá la legislación vigente, al menos en este conflicto, para acabar con la situación. En medio de este diálogo de sordos, otra vez el PSOE, a través del diputado Ángel Gavilán, se ofrece a mediar. Curioso espectáculo.

La situación a que han llegado esta semana Interior y los policías nacionales parecía descartada hace justamente un mes, precisamente cuando Barrionuevo anunció que el Gobierno tenía previsto aprobar en breve un código disciplinario común para policías de paisano y de uniforme. El nuevo código no ha visto la luz, y los policías siguen sujetos a la disciplina y normativa militares. Mientras tanto, son ya, según el SUP, 18.000 los policías que se han sumado al encierro y exigen dejar de ser soldados para convertirse en agentes civiles. Algo prometido, por otra parte, en el programa del PSOE, partido que en su día llegó a proponer en las Cortes la desmilitarización también de la Guardia Civil.

Sin duda, ha habido un giro de 180 grados en la política de orden público de los socialistas desde que llegaron al poder. La militarización del orden público y la seguridad ciudadana han seguido adelante de la mano de Barrionuevo. Y los sindicatos policiales, alentados en sus orígenes por el PSOE de la oposición, son hoy reprimidos y denostados por el PSOE en el poder.