Canarias se considera discriminada por las condiciones agrícolas de la adhesión

Las organizaciones agrícolas de Canarias han iniciado una ofensiva, consistente en el envío de telegramas a las más altas instituciones del Estado -el Rey y el presidente del Gobierno-, al Defensor del Pueblo y a los representantes de la comunidad autónoma canana, para denunciar lo que consideran discriminación en las negociaciones sobre la adhesión del archipiélago a la CEE. La campaña de protesta del sector se completará con la recogida de unas 15.000 firmas y la convocatoria, para el 15 de mayo, la principal efeméride del campo, de concentraciones en las dos provincias.

Los empresarios agrícolas y los industriales de las islas entienden que han sido los perjudicados en la discusión del caso canario, en favor de los sectores importadores. La inclusión del archipiélago en la Política Agraria Comunitaria (PAC), en virtud del tratamiento especial dado a dicha región en la ampliación del club de los diez, lleva aparejada la aplicación de una serie de contingentes y medidas restrictivas a una lista de diez productos agrícolas de exportación, y a los envíos desde las islas de pesca y tabaco. Los agricultores protestan porque Bruselas no aceptó en su integridad la postura consensuada en el Parlamento canario, y recogida en el documento de diciembre de 1983, por la que se solicitaba para las exportaciones agrarias su exclusión de la PAC y la no aplicación a las mismas de cualquier tipo de cupos.

Además, han entrado en discrepancia con el Ejecutivo regional, al que acusan de falta de voluntad para eliminar del Acta de Adhesión de Canarias la fijación de precios de referencia para los productos agrícolas. Según fuentes agrícolas, las severas condiciones impuestas por la CEE al capítulo agrario sitúan a dicho sector, que da trabajo a 75.000 personas, al borde de un colapso.