El terrorismo y la seguridad

DOS SEMANAS después de la tragedia ocurrida en El Descanso, que costó la vida a 18 clientes del popular restaurante madrileño, el escrupuloso silencio o la completa ignorancia del Ministerio del Interior han hurtado a la opinión pública esas informaciones básicas sobre el brutal atentado a las que tienen derecho los ciudadanos de un sistema democrático y que justifican la confianza racional de la sociedad en la competencia y eficacia de sus servicios policiales. Aunque se demostrara definitiva y fehacientemente que la reivindicación realizada en Beirut por una organización terrorista islámica era auténtica, quedaría todavía por reconstruir el camino recorrido por esa empresa criminal desde Líbano hasta el corazón del territorio español. Que las órdenes criminales se dieran eventualmente más allá de nuestras fronteras constituye un dato marginal a la hora de investigar la infraestructura, la composición y los contactos en nuestro suelo de una banda extranjera capaz de seleccionar como objetivo un restaurante frecuentado por súbditos norteamericanos, instalar una carga explosiva en el edificio, borrar las huellas y encontrar refugio seguro en un medio urbano extraño.La frialdad y el distanciamiento mostrados por los medios oficiales hacia las víctimas de ese atentado -enterradas sin la presencia de algunas personalidades habituales en este tipo de exequias- tal vez descansen sobre el inicuo juicio de que no es lo mismo una matanza indiscriminada de personas modestas perpetrada por una banda extranjera que el asesinato selectivo de hombres uniformados, dirigentes políticos o líderes sociales ejecutado por una organización española. Si tal fuera la explicación, habría que dudar no sólo de la sensibilidad del Gobierno y de su extraña concepción de la seguridad ciudadana, sino también de su capacidad para comprender la envergadura y las implicaciones del terrorismo internacional. Porque la incorporación del territorio español al campo de operaciones donde los servicios secretos de las grandes potencias y de sus aliados libran sus guerras desestabilizadoras es una noticia tanto o más grave que la persistencia de los grupos terroristas con identidad conocida. Esa especie de inconfesado alivio oficial que subyace a la hipótesis de una autoría extranjera en el atentado de El Descanso resulta especialmente desconcertante si se recuerda el inminente viaje a Madrid del presidente Reagan.

Junto a la inquietante aparición del brote terrorista materializado en la tragedia de El Descanso, el comunicado hecho público el viernes por ETA Militar (ver EL PAIS del 26 de abril) añade otro motivo de preocupación para la seguridad ciudadana. ETA Militar amenaza a los turistas españoles y extranjeros con una "campaña de sabotaje" en la zona mediterránea, al estilo de la proyectada por ETA Político-militar en los veranos de 1979 y 1980. Aun sin excesiva confianza en la eficacia de las citas, recordaremos que hace cinco años Herri Batasuna consideró "contrarrevolucionaria" "disparatada" y "nociva" la campaña antiturística de los polimilis, acusada de "confundir la lucha del pueblo vasco y minar la necesaria solidaridad entre los trabajadores de los distintos pueblos de España".

De confirmarse la nueva dirección emprendida por ETA Militar, cabría inferir que el endurecimiento de las medidas adoptadas por las autoridades francesas en el antiguo santuario de las bandas armadas ha obligado a la organización terrorista a cruzar la frontera y a extender su área de actuación -hasta ahora limitada básicamente al País Vasco y a Madrid- al resto de España. La cooperación de Francia era una condición para que la democracia española pudiera hacer frente al desafío terrorista. También el compromiso del Gobierno vasco y del Partido Nacionalista Vasco con la lucha antiterrorista constituía un requisito imprescindible para su éxito. El pacto de legislatura entre los nacionalistas y los socialistas vascos y los enérgicos pronunciamientos del lendakari Ardanza han satisfecho esa exigencia. Finalmente, las autoridades policiales han reclamado siempre, con argumentaciones más que discutibles, manos Ubres para arrestar sospechosos, registrar domicilios, intervenir comunicaciones e interrogar durante 10 días a los detenidos. La ley Antiterrorista del Gobierno actual endurece y amplía la legislación excepcional, a fin de otorgar a la policía las facilidades solicitadas. Se han acabado los pretextos: el Ministerio del Interior tiene ya todas las cartas en su mano y depende de su eficacia y capacidad el éxito en la lucha contra ETA.