Miedo a volar

LAS ACUSACIONES de la Asociación Confederal Española de Controladores Aéreos (ACECA) han provocado lo que en términos judiciales se llamaría una duda razonable sobre la seguridad del transporte aéreo en España. La contestación del ministro de Transportes anunciando que procedería judicialmente contra los controladores por sus afirmaciones es de una miserabilidad política nada sorprendente a estas alturas en la gestión de Enrique Barón. A los españoles les preocupa la situación del tráfico aéreo con hartos motivos: no es normal la frecuencia de accidentes de nuestra aviación comercial, y la Administración tiene indudables responsabilidades políticas en la prevención de los mismos. Lo que la sociedad espera del Gobierno es una explicación sobre el tema, no una demostración de autoridad del ministro. Pues no es su autoridad, sino su capacidad, lo que está en entredicho.Las acusaciones de los controladores se concretan en que todos los centros y torres de control de navegación aérea del Estado se encuentran mal dotados técnicamente. Y añaden que el espacio aéreo de Madrid es "inseguro", según los términos empleados por la Asociación Regional Centro de Controladores Aéreos (ARCCA, una de las ocho asociaciones regionales integradas en ACECA).

Estas acusaciones se vieron reforzadas por Victoriano Martín, el director del centro de control de Madrid -que, junto al de Barcelona, son los dos únicos de categoría especial-, en su comparecencia ante la Comisión de Aeropuertos Nacionales del Senado. Martín afirmó que la tecnología se encontraba "obsoleta" y que en los tres primeros meses de este año habían estado a punto de producirse en el espacio aéreo de Madrid hasta nueve colisiones de aviones.

El ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones ha rechazado tales denuncias contundentemente, calificando de "irresponsabilidad" la actitud de los colectivos de controladores y asegurando que "hay que ser enormemente prudente con este tipo de manifestaciones, sobre todo cuando no están contratastadas técnicamente". La comparecencia de su subordinado, el director del centro de control de Madrid, en el Senado un día después de estas afirmaciones supone, no obstante, una desautorización técnica del ministro.

Otra de las argumentaciones de Barón es la de que los controladores engañan a la Prensa, y que ACECA, la asociación acusadora, representa sólo a una minoría. Sin embargo, ACECA afirma disponer de un 65% de afiliación del total de controladores. Por añadidura, la Asociación Sindical de Controladores Españoles de Tránsito Aéreo (ASCETA) -asociación minoritaria que dice contar con menos de un 25% del total de controladores- ha dejado en suspenso hasta una asamblea general que se celebrará afinales de este mes la decisión de adhesión a las tesis de ACECA. En una reunión de la directiva de ASCETA del 11 de abril se dio un empate en la votación sobre la misma decisión, lo que permite sostener que al menos la mitad de los afiliados de la misma asociación considera razonables las acusaciones de ACECA. En resumidas cuentas, no se puede decir que sólo una minoría de los controladores mantenga las denuncias sobre la inseguridad del tráfico.

Barón ha defendido la remisión al fiscal del Estado de las declaraciones de los controladores afirmando que dañan gravemente al transporte aéreo, al turismo, al prestigio de España y al buen nombre del país. Es éste un razonamiento dudoso: lo que causa daño al prestigio de España, al transporte aéreo y al turismo es la frecuencia con que se producen accidentes que causan un despiadado número de víctimas, la imposibilidad de establecer motivaciones claras -la desaparición, por incineración, de la caja negra del avión de Spantax estrellado en Málaga es un ejemplo- y la reacción violenta de Barón, que prefiere denunciar a los controladores a informar como es menester a la opinión pública.

El dictamen que la Comisión de Investigación de Aeropuertos Nacionales del Senado, que ha trabajado más de un año, ha de elevar al Pleno de la Cámara se encontraba pactado y redactado entre los grupos Popular y Socialista antes de la comparecencia de Victoriano Martín en la comisión. Las declaraciones de éste y los nuevos datos aportados han aconsejado que sea estudiado en ponencia de nuevo el documento. El Grupo Popular considera que las declaraciones de los controladores modifican el dictamen, y el Grupo Nacionalista Vasco, que las declaraciones de Martín afectan a las conclusiones. Los socialistas parecen dispuestos a votar a favor del dictamen original, sin cambios, pese a los nuevos hechos conocidos.

La Administración siempre ha mantenido que en las denuncias de los controladores se esconden reivindicaciones sociolaborales. También se ha acusado a los miembros de ARCCA de ser próximos ideológicamente a la derecha y de haber asesorado a la oposición en de

terminados temas de navegación aérea. Todo esto puede ser cierto, como lo es que la sensibilización de los controladores sobre la seguridad aérea se produce después del accidente de Mejorada del Campo (Madrid), en donde existieron fallos del centro de control de Madrid. Pero nada de ello justifica que se haga oídos sordos a afirmaciones tan graves como las formuladas por los controladores, ni mucho menos que Barón les envíe el fiscal, como ya hizo con los huelguistas del Metro en una formidable exposición de lo que entiende él por comportamiento democrático.

En cualquier caso, la polémica -a partir de datos reales o inflados por parte de los controladores- está creando entre la población la idea de que en España es peligroso volar. Por ello, el Gobierno está obligado a ofrecer una clarificación sobre el tema. Pero ofreciendo datos, y no sólo amenazas o descalificaciones verbales.