Las Cortes adecuarán la ley de aborto a la sentencia del Tribunal Constitucional

El Gobierno anunció ayer que no elaborará un nuevo proyecto de ley sobre despenalización del aborto, limitándose a reformar el texto rechazado por el Tribunal Constitucional, incorporando al mismo las exigencias planteadas por éste en su sentencia, que ayer se hizo pública en su totalidad. Tanto Felipe González como Fernando Ledesma negaron que se vaya a aprovechar el nuevo trámite parlamentario para incluir entre los supuestos que permitirían interrumpir legalmente el embarazo la llamada indicación social, tal y como había planteado un importante número de parlamentarios socialistas.

Numerosos diputados y senadores del PSOE habían solicitado en la última reunión de su grupo parlamentario la elaboración de un nuevo proyecto de ley que ampliase los casos en los que sería permitido abortar. En concreto, los parlamentarios socialistas, entre los que se encontraba el presidente del grupo en el Senado, Juan José Laborda, pretendían la introducción del llamado cuarto supuesto, es decir, la legitimación del aborto en casos en que el embarazo planteara graves problemas sociales a la gestante.La propuesta fue finalmente derrotada en el seno del grupo, por estimarse que "no es éste el momento apropiado". La marcha atrás respecto de algunos planteamientos iniciales socialistas se produjo aun cuando la sentencia del Tribunal Constitucional no cierra el camino para otros supuestos de aborto, y en concreto para la cuarta indicación (necesidad social), según admitió ayer el propio Ledesma.

El proyecto recurrido por el Grupo Popular y declarado inconstitucional será devuelto de inmediato a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, y se abrirá un plazo de enmiendas para su debate. Posteriormente, el proyecto enmendado pasará a ser debatido en el Pleno de la Cámara, y de ahí, al Senado. El método es combatido por el Grupo Popular, que lo considera "ilegítimo": José María Ruiz Gallardón advirtió ayer de la posibilidad de que su grupo presente, en su caso, un recurso de inconstitucionalidad contra este sistema de tramitación.

En la sentencia -que se publica íntegra en páginas interiores- se señala que el proyecto de ley de Despenalización Parcial del Aborto elaborado por el Gobierno socialista y aprobado por las Cortes Generales "es disconforme con la Constitución", ya que incumple "exigencias constitucionales" fundamentadas en la obligación del Estado de garantizar la vida, incluida la del no nacido.

Los votos particulares de los seis magistrados restantes estiman constitucional el proyecto de ley recurrido por el Grupo Popular y se pronuncian en contra de la decisión del alto tribunal de sugerir modificaciones legislativas. En algunos se señala que el tribunal invade competencias del legislativo.

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Editorial en la página 10