El Gobierno retrasa la reforma de las pensiones para intentar el acuerdo con UGT

El Gobierno retrasará la aprobación de las medidas urgentes de reforma de la Seguridad Social (pensiones) hasta un próximo Consejo de Ministros, con el fin de realizar un esfuerzo definitivo para lograr un acuerdo con la UGT, según aseguraron ayer en medios oficiales. Sin embargo, el Ejecutivo está convencido de que es prácticamente imposible el pacto con la central socialista.

A pesar de que Joaquín Almunia aseguró a primeras horas de la mañana de ayer que las medidas urgentes irían al Consejo de Ministros de hoy, a últimas horas de la tarde, fuentes oficiales afirmaron que, finalmente, se había decidido sacar del índice de la reunión del Gabinete la reforma de las futuras pensiones. Otras fuentes insinuaron que había sido el propio Felipe González quien retrasó la aprobación de la reforma, buscando un acercamiento con la UGT. Y para evitar cualquier decisión antes del comité confederal máximo órgano entre congresos- que celebrará el sindicato el próximo día 23.La puesta en marcha de la reforma ha acarreado el mayor enfrentamiento habido hasta la fecha entre el Gobierno y UGT. El secretario general del sindicato, Nicolás Redondo, ha advertido ya que su central no consentirá ningún recorte de pensiones y ha avanzado la posibilidad de realizar movilizaciones. Redondo ha acusado al Gobierno de incumplir las resoluciones del XXX Congreso del PSOE y considera que el enfrentamiento producido los últimos días entre Almunia y Boyer puede ser ficticio.

El ministro de Trabajo había manifestado, en el acto de la firma de un convenio entre Obras Públicas y el Inem para la creación de empleo, que le hubiera gustado contar con un acuerdo con las fuerzas sociales, pero reconoció la díficultad que ello entraña "porque no son medidas agradables para darles su acuerdo". Sin embargo recordó que el proyecto no trata solo de fijar la cuantía de las futuras pensiones, sino que también consagra su revalorización automática anual, y establece mayores obstáculos "para que algunos no puedan lucrarse a costa de la Seguridad Social mediante un proceso de compra de pensiones, como se hace ahora".

Racionalizar el sistema

La reforma de las pensiones se basa en la necesidad de racionalizar el sistema de Seguridad Social, muy desequilibrado en su aspecto financiero. Se considera que la reforma podría suponer un ahorro próximo a los 46.000 millones que debería quedar reflejado en los presupuestos generales del Estado para el próximo año. En cuanto al resto de las medidas que el Gobierno piensa acometer -como las pensiones de supervivencia- confía en que puedan negociarse en la comisión de reforma del AES, aunque los interlocutores sociales la consideran vacía de contenido.La reforma planteada por Almunia supone un endurecimiento en las condiciones exigidas para poder acceder al derecho de pensión, y un recorte de su cuantía inicial que se iría compensando con las sucesivas revalorizaciones. De los diez años actuales como período mínimo exigible de cotización se pasará a quince, de los cuales, al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los ocho años inmediatamente anteriores al momento de causar derecho. La base reguladora será el cociente de dividir por 112 las bases de cotización de los 96 meses anteriores a causar el derecho. Las bases correspondientes a los dos últimos años permanecen en su valor nominal, y se actualizan las mensualidades restantes conforme al índice de precios al consumo.

La puesta en vigor de la reforma supondrá también la existencia de varios tipos de pensionistas: los actuales, cuyas condiciones no varían en absoluto; los nuevos a quienes va dirigida la reforma, y aquellos otros que teniendo el derecho reconocido en el momento de la publicación de la nueva normativa, decidan jubilarse, pudiendo optar por el régimen anterior, o acogerse al nuevo sistema. Sin embargo, Almunia ha recordado en distintas ocasiones que sólo tendrán total garantía de revalorización las nuevas pensiones.