Otro 'cambio' frustrado

EL PROYECTO de ley de Sanidad pretende modernizarla asistencia médica de los españoles. Se diría que el propósito que ha animado al ministro Lluch ha sido ocupar el centro, ese espacio por el que suspiran tantos políticos españoles. Pero las reacciones suscitadas por el proyecto de ley -precedido de 14 borradores, dos años de discusiones, una huelga rotativa de médicos y dimisiones tan significativas como la del subsecretario de Sanidad, Pedro Sabando- arrojan la conclusión de que el pasteleo no ha satisfecho finalmente a nadie. La derecha conservadora y las organizaciones corporativistas, representadas por Ramiro Rivera y las asociaciones de médicos, protestan por el recorte -mínimo- de sus privilegios. Los sectores renovadores de la profesión médica y los sindicatos de clase echan en falta una auténtica universalización de la sanidad.La brecha existente entre los objetivos apuntados por el programa electoral del PSOE en materia de sanidad y las exigencias de las organizaciones corporativas eran demasiado amplias como para permitir un acuerdo que diera satisfacción a todos. Obligado a elegir entre opciones contrapuestas, el Gobierno ha preferido apostar por la situación actual. De manera que, a menos que el Grupo Parlamentario Socialista lograra mejorar sustancialmente el proyecto de ley a su paso por el Congreso y el Senado, se habrá perdido la oportunidad de establecer una sanidad democrática y progresista para todos los españoles.

Lluch ha cedido en gran medida a las reivindicaciones corporativas. Sin embargo, la insaciabilidad de las pretensiones gremialistas impide que las organizaciones colegiales, claras ganadoras de la partida, reconozcan oficialmente su triunfo y agradezcan al ministro de Sanidad su colaboración. Al igual que en otros sectores de nuestra vida pública, las concesiones hechas por el Gobierno socialista, incumpliendo su programa electoral, han servido para envalentonar a sus adversarios e incitarles a elevar el techo de sus exigencias. En este caso, el resultado ha sido una ley difusa. Y aunque Alianza Popular califique el proyecto de estatalizador, las centrales sindicales y los profesionales partidarios de un nuevo modelo de sanidad no aciertan a descubrir en su texto los signos de un cambio real.

El anteproyecto incluye algunos tímidos avances, no obstante. En el terreno de los principios, aparece por vez primera la preocupación por un concepto de salud más fundamentado en la medicina preventiva, la calidad del medio vital y la asistencia primaria. Otro aspecto positivo es el anuncio de una asistencia más racionalizada e integradora de la psiquiatría, sector maldito de la medicina en España, así como también de la salud laboral. Aunque con prudencia, el proyecto apunta también hacia la unificación de las actuales redes sanitarias del sector público, que se encuentran repartidas entre el Estado, los Gobiernos autonómicos, las diputaciones y los ayuntamientos. La confusa fórmula para conseguirlo es el denominado Sistema Nacional de Salud, que será algo así como la suma de los servicios de salud de las comunidades autónomas.

El anteproyecto deja las cosas prácticamente como están en lo que se refiere a la universalización de la asistencia de la sanidad pública. Establece tres clases de beneficiarios. Quienes cotizan a la Seguridad Social continuarán formando el principal paquete (el 93%), mientras que el 4% de pobres acogidos en la actualidad a la beneficencia del Estado verán mejoradas las prestaciones al tener acceso a todos los servicios de la sanidad pública. El 3% restante, integrado por personas con recursos económicos suficientes, tendrá dos opciones: pagar por la cartilla de la Seguridad Social el coste medio de una cotización o pagar por acto médico las tasas normales que se fijen para la asistencia médica.

Lluch justifica el establecimiento de estas tres clases de beneficiarios por los altos costes que tendría un sistema totalmente gratuito y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El déficit público impediría que la Administración asumiera ese gasto. En cualquier caso, la discusión sobre el coste de la ley de Sanidad, que necesitará 105.000 millones de pesetas para empezar a funcionar de acuerdo con su actual articulado, no puede ser desvinculada del programa electoral del PSOE ni separada de las prioridades elegidas por el Gobierno en la asignación de los recursos presupuestarios. En octubre de 1982, los socialistas prometieron a sus 10 millones de votantes una reforma de la política sanitaria, que se ha demorado hasta la segunda mitad de la legislatura y que se anuncia ahora como tímida e incompleta. Si bien el menosprecio de las dificultades engendradas por la crisis económica y el endeudamiento estatal sería arbitrismo demagógico, el Gobierno tendrá que explicar a sus votantes las razones de su parsimonia presupuestaria para afrontar la reforma de la salud pública o para las pensiones, mientras que emplea dinero a chorro libre para adquirir armamento -condenado a una rápida obsolescencia tecnológica- o para pagar el boato de algunas administraciones.

Los ciudadanos que tienen que soportar una asistencia sanitaria pública masificada y deshumanizada se preguntan con razón si la futura ley de Ernest Lluch ayudará a mejorar la precaria atención sanitaria que -nunca mejor dicho- padecen. Por lo pronto, verán alejarse, una vez más, la oportunidad de que la Seguridad Social cubra, al menos en parte, la cuenta del dentista, verdadera sangría para el bolsillo de los cotizantes a la Seguridad Social. La promesa de asistencia integral a la salud, realizada en la exposición de motivos de la ley, no produce sino perplejidad y desánimo. Sin embargo, los usuarios podrán aferrarse a una última esperanza: la utilización de los instrumentos que les confiere la carta de derechos y deberes de los pacientes, incluida en el primer borrador, retirada después por las presiones corporativas de los médicos y recogida, finalmente, en el anteproyecto definitivo.